Esta temporada electoral, el proceso de votación en sí se convierte en el centro de atención.

El pasado mes de noviembre, unos 11.5 millones de votantes de California acudieron a votar en una elección especial sobre la redistribución de distritos. La Propuesta 50 fue la respuesta de la Legislatura Estatal demócrata ante un proceso de redistribución de distritos favorable a los republicanos en Texas.

En California, el 64 por ciento de los votantes dio un rotundo “sí” a un equivalente de manipulación de límites electorales (gerrymandering) de tendencia progresista.

En el Condado de Monterey, 108,443 votantes emitieron su voto en la elección especial, y el 69 por ciento de ellos votó a favor. En el Condado de Riverside, mucho más grande, el 56 por ciento de los votantes le dijo que sí a la Prop. 50.

La mayoría de las más de 656,500 boletas emitidas allí fueron incautadas en marzo por el Sheriff Chad Bianco —quien también era candidato a la gubernatura en ese momento—, argumentando que los observadores electorales reportaron una discrepancia de más de 30,000 boletas.

Cuatro votantes cuyas boletas fueron incautadas, junto con el fiscal general de California, demandaron a Bianco y al registrador de votantes del Condado de Riverside, Art Tinoco.

“Los procedimientos en este caso plantean cuestiones fundamentales sobre nuestra democracia y la integridad electoral”, señala la demanda de los votantes. “La ley de California prescribe procedimientos estrictos sobre quién está autorizado para manipular las boletas, el proceso de recuento y auditoría de los resultados electorales, la cadena de custodia de las boletas y quién está legalmente facultado para contarlas”.

El caso llegó a la Corte Suprema de California el 24 de agosto para presentar los alegatos orales. El expediente estuvo acompañado por un escrito de «amigos de la corte» (amicus curiae) presentado por los condados de Monterey y Santa Clara, junto con cinco funcionarios electorales de otros condados de California. Argumentaron que permitir que la intervención penal de Bianco se mantenga sentaría un precedente peligroso para otros condados.

“Realmente nos acercamos a nuestros votantes y trabajamos con ellos”.

“En lugar de reforzar la confianza en los resultados de la elección de 2025, un recuento realizado por agentes del Sheriff sin la debida capacitación podría sembrar mayor desconfianza en el proceso electoral”, señala el informe. “Realizar cualquier tipo de recuento de boletas requiere experiencia en la administración de elecciones. [Los funcionarios electorales] son aprobados, capacitados y juramentados por una razón: tienen la responsabilidad exclusiva de mantener la cadena de custodia de las boletas”.

Tenía curiosidad sobre la cadena de custodia, no solo por este caso en el que participa el Condado de Monterey, sino porque forma parte de una tendencia. Las últimas maniobras a nivel nacional incluyen nuevas reglas de la administración Trump para hacer que el papel del Servicio Postal en el traslado de las boletas sea mucho más directo. (La Corte Suprema anuló ese plan en un fallo del 14 de septiembre).

La registradora de votantes del Condado de Monterey, Gina Martínez, valora la transparencia y aceptó mostrarme el lugar. Un área de observación pública con paneles de vidrio (con malla en la parte superior para permitir el paso del sonido) invita a cualquiera a presenciar cualquier etapa del proceso en la oficina del Departamento de Elecciones del Condado en Salinas.

Es transparente, pero los votos son secretos y el proceso está diseñado para gestionar ambas cosas.

“Hay muchísimas capas de seguridad”, dice Martínez.

Eso comienza con marcas impresas en los sobres que son únicas para cada votante. “Si usted me llama y me dice: "Nunca me llegó" o "mi perro se lo comió", le vuelvo a emitir una boleta. Tiene su número de identificación de votante y un número de identificación de sobre distinto al original”.

La idea es garantizar que solo se cuente una boleta para ese votante cuyo perro se comió la boleta.

El primer paso para recibir las boletas devueltas es verificar las firmas (esto no revela los votos en el interior, y usted puede quedarse del otro lado de la división de vidrio observando). Cada firma es revisada y validada por una persona. Si no parece coincidir con lo que está registrado en el archivo, más personal la examina. Si sigue sin coincidir, le llaman por teléfono.

“Una buena medida de seguridad que tenemos implementada es que realmente nos acercamos a nuestros votantes y trabajamos con ellos”, señala Martínez.

Para cuando las boletas están listas para ser escaneadas, no llevan ningún nombre adjunto. El escrutinio de los votos puede comenzar después del cierre de las urnas el día de las elecciones.

Cualquier duda o anomalía es revisada por un equipo de dos personas (también visibles a través del vidrio) para interpretar la intención del votante si, por ejemplo, hay una tachadura.

Las boletas de 219,000 votantes registrados pasan por este sistema, rastreadas y marcadas de modo que los funcionarios electorales sepan qué máquina tabuladora contó cada una de ellas. “Tenemos que mantenerlo increíblemente bien organizado”, dice Martínez.

Este es el sistema que Martínez y su equipo pretenden mostrar al público de forma abierta, para que los votantes confíen en que su voto ha sido contado, incluso frente a diversos intentos de minar esa confianza.