La Junta de Supervisores 'hace una declaración' sobre políticas de inmigración.

Tras una larga deliberación y una sesión de comentarios públicos, la Junta de Supervisores del Condado de Monterey adoptó una postura el 7 de julio y emitió instrucciones sobre varias medidas relacionadas con inmigración que afectarán las políticas del condado y a la Oficina del Sheriff.

Esto incluye revisar la política de empleo del condado para impedir que cualquier empleado que realice labores externas labore aplicando leyes federal de inmigración (con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE); poner fin a la participación del condado en el Programa Estatal de Asistencia para Extranjeros Delincuentes (SCAAP, por sus siglas en inglés); y establecer políticas de "zonas libres de ICE" para evitar el uso de recursos del condado en la aplicación de leyes civiles de inmigración.

La Junta también expresó su preferencia de que la Oficina del Alguacil no coopere con ICE fuera del sistema de justicia penal (ya que, según la ley estatal, las oficinas del Alguacil no están obligadas a cooperar con ICE), examinará la política estatal y propondrá cambios en las leyes que permiten dicha cooperación.

La supervisora ​​Kate Daniels impulsó estos cambios, respaldada por la supervisora ​​Wendy Root Askew, quien había presentado estos temas para su debate.

"Es algo poderoso y significativo que esta Junta se pronuncie instando a la Oficina del Alguacil a considerar poner fin a toda cooperación discrecional con ICE y con otras agencias federales de control migratorio", declaró Root Askew.

La Junta de Supervisores no ejerce una supervisión directa sobre la Oficina del Alguacil , ya que  la alguacil Tina Nieto responde directamente ante los votantes.

Estos asuntos llegaron a la junta tras protestas de la comunidad y la preocupación suscitada porque la Oficina del Alguacil entregó al ICE a ocho personas que no habían sido condenadas. Según el informe de la MCSO sobre la Ley de Verdad (Truth Act) —una actualización anual obligatoria en la que las agencias policiales locales comparten datos sobre los reclusos entregados al ICE—, de las 9.200 personas ingresadas en la cárcel del condado, 21 fueron entregadas a dicha agencia federal. Asimismo, se negaron 295 solicitudes de acceso a información.

Nieto afirma que su oficina cumple con la ley y solo entrega a personas que se ajustan a las categorías permitidas por la Ley de Valores de California (California Values ​​Act), también conocida como Propuesta de Ley del Senado 54. Esta normativa permite a las fuerzas del orden transferir personas al ICE bajo ciertas circunstancias, como la existencia de una orden judicial federal o si los individuos han sido condenados por delitos graves violentos, tales como asesinato, violación o abuso infantil. (El supervisor Glenn Church solicitó una enmienda para explorar la posibilidad de proponer cambios a nivel estatal que restrinjan aún más la cooperación con ICE).

Muchos reclusos que han cometido delitos graves se encuentran en prisiones estatales, las cuales ya cuentan con un procedimiento establecido para entregar a inmigrantes indocumentados al ICE una vez que han cumplido sus condenas.

"Contamos con un mecanismo —nuestro sistema de justicia— para garantizar que los delincuentes violentos no estén en nuestras comunidades", declaró Daniels.

Durante el debate, Daniels y Root Askew expresaron su preocupación por compartir información con agencias federales y del proceso que utiliza el Departamento de Justicia para determinar los reembolsos del programa SCAAP. ( SCAAP otorga pagos a los centros penitenciarios que albergan a inmigrantes indocumentados). El año pasado, el condado recibió reembolsos por un total superior a los 600.000 dólares.

"En realidad, lo que hace es reembolsar a los contribuyentes locales los costos penitenciarios en los que el condado ya ha incurrido", explicó Nieto a la junta.

El supervisor Luis Alejo señaló que necesitaba más información antes de tomar medidas respecto al SCAAP.

"Quiero asegurarme de disponer de toda la información posible antes de tomar una decisión definitiva sobre si continuar o no con este programa", afirmó.

Durante el turno de comentarios públicos, varios residentes manifestaron su apoyo a la cancelación del programa SCAAP. Otros cuestionaron la decisión de la Alguacil de entregar a 21 personas a ICE.

"¿Valió la pena?" Stephanie Cooper, una inmigrante residente en Monterey, preguntó sobre la participación del condado en el programa SCAAP. "Existe temor en nuestra comunidad". Cooper añadió que ya no viaja y que le preocupa el clima migratorio actual.

Para revisar y actualizar las políticas sobre empleos externos de los empleados del condado, el personal administrativo debe involucrar a los sindicatos. Los empleos externos requieren la aprobación de los jefes de departamento; Nieto señaló que no tiene conocimiento de que ninguno de sus agentes trabajan con immigración. "Si el asunto llegara a mi escritorio, puedo asegurarles ahora mismo que no lo aprobaría", afirmó.

La Junta también avanzó  la creación de una oficina independiente del inspector general, que contará con un comité asesor comunitario para la Oficina del Alguacil.

Estos temas volverán a presentarse ante la Junta dentro de 30 días, junto con proyectos de resolución y opciones de políticas y financiación para compensar los fondos del SCAAP que se han dejado de percibir.