El gobierno federal va tras las elecciones del Condado de Monterey, y el Condado responde con fuerza.

Tenía pensado escribir esta columna, en la última edición del Weekly, semanario hermano de Salinas Vallew Now, antes de las elecciones del 3 de noviembre, enfocada en darle un pequeño jalón de orejas a la gente que no vota.

La baja participación es el verdadero problema: no suficientes personas entregan su boleta electoral, decidiendo no ejercer este derecho estadounidense tan profundamente capacitante.

En las elecciones primarias de junio, el 38.5 por ciento de los votantes registrados en el Condado de Monterey votó. En las intermedias de 2022, votó el 49.3 por ciento. (Algunos de estos votantes que no participaron incluyen a candidatos para cargos locales que ahora están pidiendo su voto, de acuerdo con registros públicos proporcionados por el Departamento de Elecciones del Condado de Monterey).

La participación mejoró en las sumamente trascendentales elecciones presidenciales de 2024, pero aun así solo el 69.3 por ciento de los votantes del Condado de Monterey entregó su boleta. Esa fue la elección que llevó al poder al presidente Donald Trump y el golpe demoledor de su administración dirigido contra tantas instituciones estadounidenses.

Y ahora, esa administración va tras los votantes del Condado de Monterey alegando un problema distinto: que hay demasiadas personas registradas para votar, afirmando que 310 personas de los 220,213 votantes registrados, o el 0.1 por ciento, son «probables extranjeros».

En una carta enviada el 23 de octubre a la Registradora de Votantes del Condado de Monterey, Gina Martínez, el Fiscal Federal Craig H. Missakian comienza con un lenguaje en apariencia inofensivo: “Le escribo para solicitar su ayuda con el fin de proteger la integridad de las actuales elecciones federales”.

Eso parecería algo directo. Pero rápidamente se vuelve más amenazante.

“En un plazo de 48 horas, le pedimos que se comprometa a colaborar con el [Departamento de Justicia] y el [Departamento de Seguridad Nacional] para identificar quién en la lista adjunta es ciudadano y quién no”. Al decir “colaborar”, Missakian explica más adelante que se refiere a proporcionar información confidencial, como los números de Seguro Social.

“Las consecuencias legales, ya sea por facilitar o por ignorar delitos federales, son graves”, continúa Missakian. “Si determinadas personas procesan y cuentan a sabiendas boletas emitidas por individuos identificados por agentes federales como no ciudadanos, se arriesgan a convertirse en cómplices de un delito federal”.

Es evidente que se trata de una carta con la intención de intimidar a los funcionarios electorales locales y a los posibles votantes. Además, se basa en un argumento bastante cuestionable. Missakian adjuntó un recurso legal señalando “datos comerciales de terceros” como la fuente de origen, y su carta llegó apenas dos días después de que un tribunal federal dictaminara que el gobierno federal no puede llevar a cabo ciertas actividades relacionadas con las elecciones en California, en parte debido a su «dependencia en datos que a todas luces son erróneos e incompletos».

Martinez y su equipo hicieron una revisión rápida de los 310 nombres de la lista y encontraron que, de por sí, solo 142 están registrados para votar.

“La medida solicitada sería ilícita y constituiría una violación de la confianza de los votantes del más alto nivel”, escribió la Asesora Legal del Condado, Susan Blitch, en una respuesta fechada el 27 de octubre. “La Registradora de Votantes no puede divulgar y no divulgará la información confidencial de cientos de residentes del Condado [de Monterey]… Consideramos que las acciones del DOJ de amenazar a funcionarios electorales de California con sanciones penales por acatar la ley federal y estatal constituyen un intento de intimidar de manera ilícita tanto a los funcionarios electorales como a los votantes de California”.

Me da gusto vivir en un condado con un liderazgo que da la cara y defiende los derechos de la gente a emitir su voto libremente, pero incluso con una victoria legal a futuro, el daño ya se está haciendo. Trump es la cara de un movimiento construido en gran parte alrededor de sembrar la desconfianza en las elecciones. Esto provoca que los candidatos que no ganan afirmen que sí lo hicieron, desestabilizando toda la institución electoral.

También significa que algunos ciudadanos, por miedo, decidan no participar en esta elección si son inmigrantes o tienen familiares sin estatus legal y temen posibles repercusiones, todo como parte de una estrategia mucho más amplia.

Mientras tanto, Martínez y su equipo han estado trabajando para impulsar la participación y motivar a la gente a votar temprano. “Sáquelo de su lista de pendientes para que, si se le complica el día, ya haya cumplido con su deber cívico”, señala Martínez.

(Recomienda que, si a estas alturas piensa mandar su boleta por correo, la entregue directamente en la ventanilla de una oficina postal. Las boletas con matasellos fechado a más tardar el 3 de noviembre y que se reciban antes del 10 de noviembre serán contadas).

El equipo de elecciones ha estado instalando mesas informativas para recibir boletas en distintos puntos del condado, además de los buzones oficiales habituales. Parece que está dando resultados: hasta el 26 de octubre, ya se habían recibido 40,573 boletas, más del 18 por ciento de los votantes registrados.

Sara Rubin es la editora de Weekly. Puede contactarla en sara@montereycountynow.com.