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Los trabajadores de la salud que se negaron a ponerse la vacuna contra el Covid-19 fueron puestos en licencia administrativa y luego despedidos por los hospitales locales que exigían la vacunación.

Hubo alivio hace poco más de cinco años para muchos cuando las primeras vacunas contra el Covid-19 estuvieron disponibles, trayendo la esperanza de que la pandemia llegaría a su fin. Sin embargo, algunos, incluidos trabajadores de la salud, rechazaron las vacunas citando convicciones religiosas.

Los hospitales locales exigieron que los empleados se vacunaran, argumentando que era para proteger la salud pública. Quienes se negaron fueron eventualmente despedidos, lo que llevó a varias demandas en la Corte Superior del Condado de Monterey que se han prolongado por años, hasta hace poco.

En mayo, dos hospitales de Salinas, Salinas Valley Health y Natividad, prevalecieron en demandas colectivas separadas presentadas en su contra en 2022 y 2024, respectivamente. El juez de la Corte Superior del Condado de Monterey, Ian A. Rivamonte, emitió juicios sumarios en ambos casos el 12 de mayo, determinando que los mandatos de vacunación implementados durante la pandemia eran medidas de salud pública esenciales para proteger a los pacientes, al personal y a la comunidad.

Rivamonte utilizó como base el caso Allos v. Poway Unified School District, decidido en 2025, el cual interpreta que una ley de California protege a las entidades públicas cuando toman decisiones basadas en una respuesta de salud pública.

El abogado de los demandantes en ambos casos, Daniel Watkins de Watkins & Letofsky, LLP, con sede en Santa Ana, dice que apelará los fallos ante el Sexto Distrito de Apelaciones de California. Él sostiene que los hospitales deberían haber permitido a los trabajadores que rechazaban las vacunas la posibilidad de trabajar usando mascarillas y sometiéndose a pruebas regulares.

El caso de SVH ya fue a juicio una vez, resultando en una decisión del jurado de 6 a 6, dice Watkins. Tomó más de un año obtener una nueva fecha de juicio. El caso contra Natividad, propiedad del Condado de Monterey, fue desestimado por motivos de procedimiento. Watkins volvió a presentar el caso, pero en el ínterin salió la decisión de Allos. Él sostiene que Rivamonte y otros abogados defensores y jueces están interpretando erróneamente la decisión de Allos. Está apelando un caso de San Diego ante el mismo juez que decidió Allos y espera obtener una aclaración.

Watkins y su firma han presentado 40 casos de vacunas en California representando a casi 1,000 demandantes, incluidos cuatro casos en el Condado de Monterey: los dos en Salinas y dos contra el Community Hospital of the Monterey Peninsula (CHOMP). De acuerdo con su biografía en el sitio web de la firma, él es miembro de la Alliance Defending Freedom, una organización legal conservadora.

Al ser una organización privada sin fines de lucro, CHOMP no es una entidad gubernamental y no podrá aprovechar el caso Allos. El caso, Raynald Adams v. CHOMP, es el más antiguo de los casos relacionados con vacunas en el condado, presentado en 2021 y representando a 35 empleados. Un segundo caso fue presentado contra el hospital en 2024 por tres demandantes.

El caso Adams ha tardado años en llegar a término, en parte porque los abogados de CHOMP intentaron en 2022 trasladar el caso a una corte federal, desde donde fue devuelto a la Corte Superior. El caso está actualmente en el calendario para un juicio por jurado en agosto, aunque los abogados de CHOMP están apelando un juicio sumario en el caso ante la corte estatal de apelaciones.

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