La lucha contra los peores impulsos de Trump se traslada a los tribunales.

A principios de la primera administración de Trump, en el condado de Monterey, de tendencia demócrata, se hablaba mucho de “la resistencia”. Hubo protestas, marchas y sesiones de estrategia política.

Es algo seco y con mucho menos entusiasmo que una protesta, pero durante la era Trump 2.0, la resistencia se está librando en los tribunales. A principios de 2025, los legisladores de California destinaron un fondo legal de $25 millones para luchar contra el trumpismo.

En el año y medio transcurrido desde entonces, el Departamento de Justicia de California ha presentado 82 demandas impugnando diversas políticas federales. Hasta ahora, esas demandas han dado lugar a 45 órdenes judiciales que otorgan protección preliminar, 21 órdenes judiciales definitivas y ocho casos adicionales en los que la administración de Trump dio marcha atrás antes de la audiencia, según un análisis del presidente de la Asamblea de California, Robert Rivas (demócrata de Hollister).

Él y el procurador general Rob Bonta calculan que, hasta la fecha, esas demandas han ahorrado al menos $207 mil millones a los californianos al preservar fondos para el cuidado infantil, asistencia alimentaria, transporte, preparación para emergencias, energía limpia, seguridad pública y más.

“Estoy increíblemente orgulloso de mi equipo, que ha trabajado a marchas forzadas en favor de los californianos, desvelándose en innumerables ocasiones a lo largo del camino”, dijo Bonta en un comunicado.

En 2026, así es como se ve parte de la resistencia: abogados desvelándose de noche.

El Condado de Monterey se sumó a la más reciente demanda legal, asumiendo un papel de liderazgo en los escritos de “amigos de la corte” (amici curiae) en un caso federal, Condado de Santa Clara contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), presentado el 10 de junio. Representado por Public Rights Project, el Condado de Monterey encabeza a un grupo de 26 ciudades y condados de la región que buscan frenar la construcción de un centro de detención por parte de ICE cerca de Gilroy, en la propiedad Holsclaw.

La demanda ya está dando frutos. El 13 de julio, las partes reconocieron: “Como compromiso, los demandados han pausado voluntariamente las actividades de construcción y desarrollo en la propiedad Holsclaw y han acordado mantener esa pausa voluntaria hasta el 9 de septiembre”.

(La audiencia sobre la solicitud del Condado de Santa Clara —y de todas las demás agencias de apoyo— para obtener una orden de restricción preliminar que bloquee la construcción está programada para el 8 de septiembre).

“La investigación demuestra, como era de esperarse, que un aumento en la capacidad de detención se relaciona con un incremento en las acciones de migración en las comunidades circundantes”, señala el escrito de amigos de la corte presentado el 29 de julio. “A su vez, ese aumento genera graves daños económicos, como una menor participación en la fuerza laboral, una reducción en la actividad comercial y la pérdida de ingresos fiscales locales. Dichos efectos serían particularmente dañinos en el Área de la Bahía y la Costa Central, donde los inmigrantes desempeñan un papel fundamental en múltiples sectores de la economía local…

“La ubicación del centro de detención también importa: situado directamente entre campos agrícolas, representa una amenaza clara para las comunidades de trabajadores del campo.”

De los más de 90,000 trabajadores agrícolas en los condados de Monterey y Santa Cruz, se cree que al menos la mitad son indocumentados. Más de 477,000 inmigrantes indocumentados viven en el Área de la Bahía. El número de personas afectadas de manera directa es enorme.

Los amigos de la corte, o amici curiae, afirman que el gobierno federal no cumplió con la Ley de Cooperación Intergubernamental porque nunca se notificó del proyecto a las autoridades locales. (Fue un destacado reportaje de San Jose Spotlight lo que lo sacó a la luz).

“El gobierno federal no solo no informó a los demandantes sobre el centro de detención; ni siquiera está claro que lo hayan intentado”, señala el escrito. “En su lugar, a través de declaraciones públicas aisladas de funcionarios del DHS, los amigos de la corte han tenido que juntar piezas de información sueltas para poder responder a las preocupaciones y objeciones de nuestros residentes”.

Son asuntos de trámite y procedimiento, y el escrito se enfoca en gran medida en los daños económicos. Es un tema seco, pero en nombre de la dignidad humana.

“El Condado de Monterey no se quedará de brazos cruzados viendo cómo las acciones federales amenazan la seguridad, la estabilidad y la confianza de nuestras familias”, declaró Wendy Root Askew, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Monterey. “Al unir a 26 ciudades y condados, estamos enviando un mensaje contundente de que la autonomía local y la confianza comunitaria no pueden quedar relegadas por los mandatos federales de control migratorio”.

SARA RUBIN es la editora de Weekly. Puede escribirle a sara@montereycountynow.com.