El destino del control de rentas en Salinas pasó de las audiencias públicas al concejo municipal y, ahora, a la urna electoral.

Salinas es una ciudad de inquilinos; más de la mitad, el 52 por ciento, no es dueña de su vivienda… Y en los últimos cinco años, esos inquilinos se han convertido en un grupo político cada vez más visible. El exconcejal Anthony Rocha, quien representó al Distrito 6 de 2020 a 2024, impulsó una iniciativa para implementar la estabilización de rentas y protecciones para los inquilinos.

El concejo aprobó un registro obligatorio de unidades en renta en 2022 y, en 2024, aprobó tres ordenanzas adicionales que imponen protecciones para inquilinos más estrictas contra desalojos y acoso de arrendadores que las exigidas por la ley estatal. Además, fijaron un tope máximo de incremento anual de renta del 2.75 por ciento (o el 75 por ciento del índice de precios al consumidor, lo que sea menor) para las viviendas que califiquen.

Esto convirtió a Salinas en la primera ciudad del condado de Monterey en implementar el control de rentas a nivel municipal para edificios construidos antes de 1995. La discusión de la medida desató un feroz debate político sobre la vivienda, consolidando dos posturas claramente definidas a favor y en contra de las cuatro ordenanzas.

Estas políticas se convirtieron en un tema central en la contienda electoral de 2024, en la que un concejo totalmente nuevo asumió el poder, tras desplazar a tres concejales en funciones e instalar a miembros que se oponían a las ordenanzas de estabilización de rentas. (Ganaron junto a otros candidatos alineados con su postura.

Dichos miembros son el alcalde Dennis Donohue; Gloria De La Rosa, quien desbancó a Orlando Osornio; José Luis Barajas; Margaret D’Arrigo, quien derrotó a Jesús Valenzuela; y Aurelio Salazar Jr., quien ocupó el escaño de Rocha. Solo dos concejales a favor del control de rentas, Andrew Sandoval y Tony Barrera —ambos con reelección pendiente para este 3 de noviembre—, permanecieron en el concejo).

El nuevo concejo votó 5 a 2 a favor de derogar las cuatro ordenanzas, siendo Sandoval y Barrera los únicos dos votos en contra.

Apenas 36 horas después, Donohue convocó a una reunión en la alcaldía para anunciar un plan alternativo para enfrentar la crisis de vivienda de la ciudad. Designó un comité especial integrado por él mismo, Barajas y De La Rosa para abordar el problema.

Su tarea consistía en desarrollar un programa de asistencia para el pago de renta de más de $1 millón con el fin de evitar que las familias pierdan su hogar, fortalecer los servicios de mediación entre inquilinos y arrendadores, y ampliar la difusión y educación sobre los derechos y recursos para inquilinos. (Los residentes pueden solicitar asistencia para la renta a través de la Oficina de Educación del Condado de Monterey o de la organización sin fines de lucro Echo Housing Program).

“Las ordenanzas que se implementaron, aunque tenían buenas intenciones, habrían empeorado el problema”, declaró Donohue durante su intervención el jueves 5 de junio de 2025. “La verdadera solución es construir más vivienda… Salinas tiene una larga trayectoria de unirse para resolver de frente sus desafíos más difíciles”.

EL ANUNCIO DE DONOHUE se dio casi 36 horas después de la derogación, pero ya había otra iniciativa en marcha. Incluso antes del voto oficial 5-2, el 22 de abril de 2025, el concejo había votado a favor de avanzar hacia la derogación. Tras esa votación, simpatizantes de las ordenanzas comenzaron a abuchear y a gritar “¡desgracia!” y “¡vergüenza!” en el recinto del concejo.

Posteriormente se reunieron a las afueras para coordinar los siguientes pasos.

El 3 de junio, tras la votación oficial, el grupo Protect Salinas Renters comenzó la recolección de firmas para promover un referéndum. Lograron reunir más de 10,000 firmas, superando las 6,998 requeridas, lo que dejó al concejo con dos opciones: anular la ordenanza de derogación o dejar la decisión en manos de los votantes.

El concejo optó por lo segundo, por lo que la ciudadanía decidirá sobre la Medida H este 3 de noviembre. (En tanto se define la elección, la derogación quedó suspendida temporalmente, lo que significa que las cuatro ordenanzas originales se mantienen vigentes por el momento).

Si la Medida H se aprueba, la derogación realizada por el concejo entrará nuevamente en vigor. Si la Medida H es rechazada, las cuatro ordenanzas de protección a inquilinos, incluyendo la estabilización de rentas, permanecerán vigentes. Sin embargo, eso no impediría que un concejo futuro vuelva a modificar dichas ordenanzas.

Rosa González se unió como voluntaria a Protect Salinas Renters desde sus inicios, antes de que las ordenanzas fueran redactadas y aprobadas. “Me involucré porque veía cómo las familias trabajadoras sufrían por los aumentos desmedidos de renta”, señala.

“Por lo que nos cuentan los vecinos, sabemos que los propietarios negligentes son un problema serio. Además, la gente tiene miedo de pedir reparaciones por temor a que les suban la renta; les da miedo pedir cualquier cosa a sus arrendadores”.

Por esa razón, los defensores presionaron para lograr múltiples ordenanzas: el límite a los aumentos de renta y protecciones para evitar que las familias sean desalojadas.

En su momento, Rocha, el principal impulsor de estas medidas en el concejo, declaró: “El propósito de esto es garantizar que las personas permanezcan en sus hogares y asegurar que quienes viven en condiciones inseguras conozcan plenamente sus derechos y cuenten con una mayor protección legal ante los abusos del mercado inmobiliario”.

Equipo Local

La estabilización de rentas y las políticas afines han sido durante años un tema sumamente divisivo en Salinas. Arriba, un grupo de médicos habla sobre la estabilidad de vivienda como un asunto de salud pública durante una conferencia de prensa en abril de 2025 organizada por el grupo Protect Salinas Renters.

“Me decepcionó mucho ver cómo todo ese arduo trabajo fue borrado por intereses económicos e ideológicos”, expresó el Dr. John Silva al tomar el micrófono.

EL GRUPO A FAVOR DEL SÍ EN LA MEDIDA H, denominado Protect Salinas Residents, respalda la restitución de la Ordenanza Núm. 2687 (la derogación), argumentando el impacto sobre los propietarios locales y sosteniendo que la legislación estatal vigente ya brinda protección suficiente a los inquilinos.

“Estas ordenanzas locales van mucho más allá de eso, añadiendo burocracia, exigencias de registros públicos y cargas financieras que responden más a intereses políticos que a las necesidades de la gente”, afirmó Ignacio Fregoso, presidente del comité de campaña de Protect Salinas Residents, en el sitio web de la organización.

“La asequibilidad es el problema de nuestra época en Salinas”, sostiene el grupo en su argumento a favor de la Medida H. “El registro de rentas entró en vigor el 4 de mayo de 2023, seguido por otras tres ordenanzas. Aun así, los precios de las rentas siguen altos”.

Desde que la coalición logró la anulación de las cuatro ordenanzas, también ha impulsado la campaña por el Sí a la Medida H y ha realizado una intensa recaudación de fondos. Los informes de finanzas de campaña muestran que Protect Salinas Residents ha recaudado al menos $272,925 desde 2025.

La mayoría de los donantes pertenecen al sector inmobiliario; el donante principal es UDR Inc., con una aportación de $78,250. UDR es un fideicomiso de inversión inmobiliaria de renta variable con sede en Colorado que posee, desarrolla y administra departamentos a nivel nacional. Le sigue el PAC Mobilization Issues de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, con sede en Los Ángeles, con $60,000.

Superados en recaudación por una proporción de casi 4 a 1, el grupo Protect Salinas Renters ha obtenido al menos $68,770. Su donación más grande es de $10,000, proveniente de la agencia no lucrativa AIDS Healthcare Foundation Inc., con sede en Los Ángeles, seguida por el Dr. Jaime González, médico del hospital Salinas Valley Health, con $5,485.

GAYE FREEDMAN, de 76 años, es una residente semirretirada de Salinas que vive con su esposo en un complejo de departamentos cerca del supermercado Lucky, sobre Blanco Road, desde 2017.

“Es muy difícil salir adelante en Salinas sin contar con dos ingresos completos”, comenta Freedman. “Aunque me jubilé, tuve que volver a trabajar medio tiempo”.

La renta de su departamento de una recámara es de $1,850 al mes. “Cuando nos mudamos era de $1,200. Si no fuera por la estabilización de rentas, nuestra renta actual superaría los $2,100”, señala Freedman, mencionando además que a su vivienda no le han hecho ninguna mejora desde que se instalaron.

Si la Medida H se aprueba, Freedman menciona que podrían verse obligados a mudarse, sobre todo considerando que los precios de la comida y la gasolina siguen subiendo. A su edad, reflexiona, “mudarse de nuevo es una complicación enorme… Si tuviéramos casa propia, la hipoteca no aumentaría así cada año”.

El caso de Freedman no es el único. Las familias abrumadas por el costo de la vivienda —aquellas que destinan más del 30 por ciento de sus ingresos brutos al pago de renta y servicios básicos— aumentaron al 50 por ciento a nivel nacional en 2022, lo que representa un incremento del 3.2 por ciento en comparación con 2019, de acuerdo con un informe de 2024 del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard.

Al 6 de septiembre, el precio promedio de renta para un departamento de una recámara en Salinas se sitúa en $2,100, según datos de Zillow.

Freedman comenta que ella y su esposo solicitaron vivienda de bajo costo en Marina, en el desarrollo Terracina at The Dunes, pero sus ingresos combinados superaban por unos cuantos miles de dólares el límite requerido para calificar.

“En este momento estamos al límite de lo que podemos pagar”, concluye.

 Propietarios de inmuebles exigieron al concejo municipal de Salinas anular el límite del 2.75 por ciento a los incrementos anuales de renta, medida que el nuevo concejo aceptó revocar en 2025. “Una buena política pública debe funcionar a largo plazo. En mi opinión, era evidente que esta no era una medida sostenible”, declaró el alcalde Dennis Donohue.

LO QUE NO ESTÁ EN DUDA es que Salinas atraviesa una crisis de vivienda. “Ha habido demasiada tensión y apasionamiento en esto, tanto por parte de los inquilinos como de los arrendadores. Creo que todos coincidimos en que la única solución es construir más viviendas”, señala el administrador de la ciudad, René Méndez.

La última vez que la Ciudad registró un desarrollo de vivienda de gran escala fue hace dos décadas. Si bien la Ciudad avanza en la ampliación de su oferta habitacional, la construcción no crece al mismo ritmo que la demanda. De acuerdo con el panel de control de vivienda de Salinas, la ciudad emitió 544 permisos entre 2023 y 2026, de los cuales 323 están listos para ejecutarse; todos corresponden a unidades destinadas a niveles de ingreso moderado o superior.

Según el informe trimestral presentado en mayo por el Departamento de Desarrollo Comunitario de Salinas, 8,376 unidades —el 27 por ciento del total— se encontraban inscritas en el registro de rentas. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la ciudad recaudó $754,568 por concepto de cuotas asociadas.

Durante ese mismo periodo, el personal municipal procesó tres solicitudes de aumento de renta y cuatro de reducción, con cinco peticiones aún pendientes de resolución. (El departamento de comunicación de Salinas no respondió a las reiteradas solicitudes de información adicional para este reporte).

Desde la implementación del registro de rentas, las cuotas se han reajustado. Actualmente, los arrendadores pagan $29 anuales por unidad no sujeta a la ordenanza de estabilización de rentas; para aquellas propiedades sujetas a la normativa —es decir, viviendas multifamiliares construidas antes del 1 de febrero de 1995—, la cuota es de $112 por unidad al año. Los fondos recaudados se destinan a financiar otros componentes del programa municipal de vivienda.

Mientras tanto, señala Méndez, el tema de la vivienda en Salinas se ha polarizado severamente. “Nos cuesta trabajo mantener estos diálogos aquí debido a la enorme necesidad que enfrenta nuestra comunidad, la cual es muy real y requiere atención prioritaria”, expresa. “Y ahora, esas conversaciones se han vuelto aún más difíciles”.