El Condado de Monterey lidera una coalición de 26 ciudades y condados a lo largo del norte y centro de California para oponerse a una propuesta instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de Gilroy.
Desde que salieron a la luz los planes para la propuesta instalación en mayo, los residentes locales, funcionarios electos y organizaciones comunitarias se han movilizado en oposición, argumentando que el centro de detención traería temor a las comunidades que desde hace mucho tiempo han acogido a las familias inmigrantes.
Encabezada por la Junta de Supervisores del Condado de Monterey, la coalición argumenta que la instalación de ICE interrumpiría operaciones locales vitales, minaría la salud pública y la colaboración con las fuerzas del orden e infringiría las leyes de zonificación y gobernanza local, según un documento judicial presentado el 27 de julio.
El esfuerzo es posible en asociación con Public Rights Project, una organización legal nacional de derechos civiles que representa a los gobiernos locales en la defensa de los derechos comunitarios.
"El Condado de Monterey no se quedará de brazos cruzados cuando las acciones federales amenacen la seguridad, la estabilidad y la confianza de nuestras familias", dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Monterey, Wendy Root Askew, en un comunicado. "Nuestra Junta votó con abrumadora convicción para liderar este esfuerzo porque proteger a nuestros vecinos inmigrantes no es solo un asunto del Condado de Santa Clara; es una prioridad regional. Al unir a 26 ciudades y condados, estamos enviando un mensaje innegable de que la autonomía local y la confianza comunitaria no pueden ser relegadas por mandatos de control federal".
Las jurisdicciones participantes incluyen los condados de Santa Cruz y San Benito, y ciudades como Salinas, Gonzales, King City, Soledad y Hollister, por nombrar algunas.
El Condado sostiene que los inmigrantes son fundamentales para industrias clave como la agricultura; una piedra angular para estas regiones, donde el Condado de Monterey lidera la nación en la producción de lechuga, apio, brócoli, espinacas, coliflor y fresas.
“Si los trabajadores del campo tienen miedo de ir a trabajar o son deportados en masa, se producirán interrupciones en el suministro nacional de productos agrícolas, lo que provocará un aumento en los precios y posibles escaseces”, según el documento judicial.
Además, el Condado también sostiene que esto provocará que las familias inmigrantes enfrenten desgarradoras consecuencias sociales: menores ingresos debido a la pérdida de quienes proveen el sustento al ser deportados, mayores problemas de salud mental entre los niños y menores tasas de asistencia escolar.
“Esta lucha es sobre mucho más que un solo centro de detención. Se trata de si permitiremos que el miedo reemplace nuestros valores como californianos”, dijo el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, en una conferencia de prensa el 29 de julio. “Seguiremos alzando la voz y seguiremos luchando contra este centro de detención de ICE hasta que sea derrotado. Porque dentro de unos años, nadie recordará la política de este momento, pero recordarán si tuvimos el valor de defender los valores que nos definen”.

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