Dos agencias no lucrativas presentan petición ante junta estatal para exigir permisos de aguas pluviales a instalaciones que presuntamente contaminan la cuenca de Salinas.

Con el objetivo de reducir la presunta contaminación provocada por la escorre-ntía de aguas pluviales en sitios industriales y comerciales locales, dos agencias no lucrativas que trabajan para proteger el agua limpia y saludable presentaron una petición el 1 de junio ante la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Costa Central.

Según la Alianza California Coastkeeper y Monterey Waterkeeper, los sitios institucionales que generan escurrimientos hacia la cuenca de Salinas afectan a Gabilan Creek, Natividad Creek, Alisal Creek, Santa Rita Creek y el canal Reclamation Ditch.

La petición de las agencias no lucrativas exige que la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Costa Central ejerza su facultad bajo la Ley Federal de Agua Limpia (Clean Water Act) para requerir permisos de aguas pluviales a sitios comerciales, industriales e institucionales de propiedad privada —a menudo denominados CII— en toda la cuenca del río Salinas.

“El Valle de Salinas es una de las regiones agrícolas más productivas del mundo; si bien los sitios comerciales e industriales ocupan solo una pequeña fracción del paisaje urbano, generan más de una tercera parte de la contaminación por metales pesados que entra a nuestras vías fluviales”, señaló Natalie Herendeen, directora ejecutiva de Monterey Waterkeeper, a través de un comunicado de prensa. “Las instalaciones CII han operado sin ninguna obligación directa y aplicable de limpiar sus aguas pluviales durante demasiado tiempo. Esta petición nos ayudará a cerrar esa brecha y brindar agua más segura para nuestras futuras generaciones”.

Sean Bothwell, director ejecutivo de la Alianza California Coastkeeper, coincidió con Herendeen.

“Los reguladores tienen tanto la autoridad como la obligación de exigir permisos para las descargas de aguas pluviales comerciales, industriales e institucionales que están contaminando las vías fluviales locales”, afirmó Bothwell. “Nuestra petición demuestra que una medida similar no solo está justificada aquí, sino que se necesita con urgencia en toda California para garantizar que las corporaciones privadas contaminantes —y no el público— sean las responsables de solucionar estas violaciones a la calidad del agua”.

De acuerdo con Bothwell y Herendeen, bajo la ley actual, las ciudades —y no los propietarios privados de inmuebles comerciales— cargan con la presión legal y financiera de atender la contaminación por aguas pluviales. Añadieron que el programa de permisos de Sistemas Municipales Separados de Alcantarillado Pluvial de la Junta de Agua de la Costa Central regula el sistema público de drenaje pluvial de la Ciudad de Salinas.

“Pero no exige directamente a las instalaciones privadas CII, las cuales generan una cantidad desproporcionada de contaminantes, que reduzcan sus descargas. Esa brecha tiene una consecuencia directa: los sitios CII generan aproximadamente el 34% de la contaminación por cobre de la cuenca y el 31% de la contaminación por zinc, mientras que no tienen ninguna obligación legal exigible de reducir esas cargas”, según el comunicado de prensa. “Como resultado, la Ciudad de Salinas no puede cumplir con los estándares de calidad del agua por más estrictamente que se le regule; simplemente no tiene la capacidad de controlar suficientes fuentes de contaminación”.

La Alianza California Coastkeeper y Monterey Waterkeeper han detectado entre 800 y 1,200 instalaciones privadas, que incluyen los corredores comerciales a lo largo de North Main Street y la Carretera 101.

La Junta de Agua de la Costa Central tiene 90 días para revisar la petición.