Las redadas de inmigración aún no han llegado al condado de Monterey, pero el temor de que puedan ocurrir está cambiando la vida de las personas

This article was originally published on Aug. 7 in English. Read it here.

Al PRINCIPIO DEL VERANO, LOS REPORTES DE REDADAS CONTRA INMIGRANTES EN LOS ÁNGELES SE ESPARCIERON RÁPIDAMENTE y continuaron con imágenes de manifestantes enfrentándose a agentes armados en la ciudad. Después vinieron las redadas en los campos agrícolas del sur de California.

Aunque estos enfrentamientos están desapareciendo de la memoria colectiva reciente, un pensamiento ronda la mente de muchos residentes del condado de Monterey: "Somos los siguientes".

Los residentes inmigrantes están desapareciendo silenciosamente de los espacios públicos. Salir y gastar dinero en eventos, compras o comida se ha convertido en un pendiente secundario para muchas familias. Estar fuera del ojo público reduce las posibilidades de que inmigrantes se conviertan en el blanco elegido y también les ayuda a ahorrar dinero en caso de que opten por una deportación voluntaria o sean detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

El condado de Monterey no ha tenido una redada importante desde los noventa, aunque sí ha tenido detenciones selectivas, al menos ocho desde abril. A pesar de eso, el miedo sigue latente, especialmente porque algunos residentes tienen lazos fuertes con trabajadores agrícolas detenidos en julio en Camarillo y Carpintería, y la constante retórica antiinmigrante de la Casa Blanca.

Las principales industrias del condado de Monterey, agricultura y hostelería, dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Ambas industrias siguen funcionando a buen ritmo, medio año después de que Trump tomará la presidencia.

Líderes de la industria afirman que no han visto cambios significativos. Norm Groot, director ejecutivo de la Oficina Agrícola del Condado de Monterey, anticipó una escasez generalizada de mano de obra, pero afirma que el resultado ha sido mejor de lo previsto. "Ocasionalmente, vemos que un trabajador o alguien no se presenta, pero no es tan generalizado como esperábamos al principio", dice Groot en inglés.

Groot añade que compartir información con agricultores y empleados y distribuir tarjetas rojas —que dan a las personas un guion a seguir, indicando sus derechos a los agentes de ICE— posiblemente contribuyó a bajos índices de inasistencia.

Durante su campaña, el presidente Donald Trump prometió "el programa más grande de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos". Y ahora, para el año fiscal 2025-2026, el presupuesto del ICE para enforzar las leyes de inmigración se triplicó, alcanzando los $29.9 mil millones.

En enero, el gobierno anuló una política de la era de Joe Biden que desalentaba enforzar la ley en escuelas, hospitales y espacios religiosos, lo que significa que ahora ningún lugar está "prohibido".

El 12 de junio, Trump anunció que las redadas migratorias se detendrían en granjas, hoteles y restaurantes, pero ese cambio de política se revirtió posteriormente.

"Lo que viene de Washington, D.C., es muy decepcionante", dice Groot. "Han cambiado de postura varias veces en cuanto a las políticas relacionadas con la agricultura y la hostelería. Es muy confuso y frustrante."

Más allá de las frustraciones, algunos líderes empresariales reportan cambios más tangibles, aunque sutiles.Tanto Alejandro Chávez, director ejecutivo de la Asociación de Negocios Unidos de Salinas (SUBA), como Colleen Bailey, presidenta de la Cámara de Comercio del Valle de Salinas (SVCC), dicen en inglés que los dueños de negocios reportan menos movimiento. En los últimos días, "Alisal estaba tan vacío como nunca antes, probablemente desde Covid-19", dice Chávez.

Citan factores como la política migratoria y los aranceles. La actividad comercial ha caído hasta un 30 por ciento. "Muchos negocios establecidos están considerando cerrar este año", afirma Chávez.

En la Taquería Las Fuentes en Greenfield, un negocio que ha estado abierto por 23 años, las ventas han bajado al menos un 20 por ciento, dice la propietaria Carmen Barrón. Señala que las ventas actuales son menores que durante la pandemia, cuando los restaurantes solo podían vender comida para llevar. "Esta vez es peor", dice. Los domingos venden menudo, una sopa que antes se agotaba con frecuencia; ahora, venden solo entre el 50 y el 70 por ciento de las 70 libras que preparan cada semana.

Barrón añade que a lo largo de El Camino Real, donde hay varios negocios, como peluquerías, mercados, panaderías y restaurantes, el tráfico peatonal es más escaso de lo habitual. Le ha preguntado a clientes al respecto, y dicen que sus familiares no quieren salir por miedo a que ICE esté en su comunidad.

Adela Álvarez trabaja en educación infantil temprana con Door to Hope en diferentes partes del condado, incluyendo King City, Greenfield y Pájaro. Cuenta que sus grupos, normalmente de 10 a 12 mamás con sus hijos, se han reducido a dos o tres. "A veces llego al trabajo y no hay nadie", dice Álvarez. En Pájaro, dice que en lugar de que las mamás traigan a sus hijos, los hermanos mayores, que son ciudadanos estadounidenses, ahora traen a sus hermanitos al grupo de juego.

Es difícil cuantificar el miedo. Pero en entrevistas, inmigrantes (cuyos nombres se han cambiado en esta historia a petición suya para protegerlos de posibles repercusiones) en el condado de Monterey comparten cómo han cambiado sus vidas, a pequeña y gran escala.

ISABEL, DE 21 AÑOS, UNA TRABAJADORA AGRÍCOLA INDÍGENA INDOCUMENTADA, ha vivido en Greenfield con su esposo y sus dos hijos, de 2 y 6 años, durante los últimos tres años. Solo el menor es ciudadano estadounidense.

Isabel y su esposo trabajaban anteriormente seis días a la semana en los valles de Salinas, Pájaro y Gilroy cosechando lechuga. Su viaje diario comienza alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada, cuando el cielo aún está oscuro. "Salimos temprano. No nos sentimos cómodos dejando a nuestros hijos en casa y pensando si regresaremos", dice Isabel. "Vamos a trabajar con miedo".

Los campos ya no son solo su lugar de trabajo, sino el último lugar que Isabel podría ver si la separan de su familia. Trabajar en la oscuridad y a campo abierto la hace sentir como un blanco fácil.

“Es difícil”, dice. En lugar de centrarse en el trabajo y su familia, dice que su mente está llena de miedo.

Desde que comenzó la nueva administración y las detenciones de ICE han atraído la atención pública en el condado de Monterey, Isabel y su esposo dejaron de viajar más allá de Watsonville por temor a posibles redadas. Agrega que a veces solo un tercio de los trabajadores de su cuadrilla acude a trabajar por la misma razón. “Mucha gente ya no se presenta”, dice.

Su rutina familiar también ha cambiado. Ahora se quedan en casa en lugar de salir los fines de semana. Antes, Isabel y su familia hacían picnics en el Lago Nacimiento o en la playa en Monterey o Carmel. "Los niños quieren salir", dice Isabel. "Les explicamos lo que pasa y lo entienden".

Isabel y su esposo han hablado sobre la posibilidad de una deportación voluntaria. Una idea es que ella regrese a México con sus dos hijos; así podrán irse en sus propios términos.

A Isabel no le convence esa opción, porque sus hijos no tendrán las mismas oportunidades de prosperar en México. (Casi el 20 por ciento de los mexicanos se identifican como indígenas, pero solo el 1 por ciento va a la universidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 4 de cada 10 indígenas en edad escolar no asisten a la escuela).

Su hijo mayor, que nació en México, empezará el primer grado este año: "Quiero que estudie. Que consiga un buen trabajo".

CATALINA ES RESIDENTE DE SEASIDE Y PROPIETARIA DE UN NEGOCIO CON TIENDAS EN SEASIDE Y WATSONVILLE. Su esposo, quien antes era jornalero y solía conseguir trabajo en Home Depot, ahora administra la tienda en Watsonville. Ambos trabajan siete días a la semana y son padres de tres hijos de 23, 18 y 12 años.

Catalina dice que su vida no ha cambiado a pesar de la actual política migratoria. Pero sus relatos de algunos hábitos cotidianos, como ir al supermercado, muestran sutiles detalles de cómo sí se ha modificado.

En julio, un hombre uniformado entró en la tienda y observó las artesanías expuestas. "¡Hijo de su madre! Será alguien de inmigración", dice que pensó cuando vio al cliente. "Quería salir corriendo o preguntarle: '¿Ya se va?'". Resultó que el hombre uniformado era profesor del Presidio de Monterey.

Catalina añade que solo sale cuando es necesario, como para comprar comida, y nunca lo hace a la misma hora; puede que compre por la mañana una semana y por la tarde la siguiente.

Muchos inmigrantes emigran a Estados Unidos buscando el sueño americano y un futuro mejor para ellos y sus familias.

“Todas las personas indocumentadas que están aquí vienen a trabajar. No vinimos a quitarle nada a nadie”, dice Catalina. “Les aseguro que este país no sería nada [sin nosotros]. Los trabajadores indocumentados son quienes hacen el trabajo”.

En junio, el Consejo del Área de la Bahía publicó un reporte que señala que la deportación masiva podría tener un impacto económico de $275 mil millones en California, afectando a diferentes industrias.

Más del 25 por ciento de los trabajadores agrícolas son indocumentados y el 26 por ciento son trabajadores de la construcción. Según el informe, estas industrias se contraerían un 14  y un 16 por ciento, respectivamente.

Según el mismo informe, 1 de cada 5 inmigrantes en California es indocumentado; aproximadamente 2.3 millones de personas que representan el 8 por ciento de todos los trabajadores del estado. Además, contribuyen con alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto de California y aportan más de $23 mil millones anuales en impuestos locales, estatales y federales.

En el condado de Monterey, casi 128,000 residentes inmigrantes pagaron $850 millones en impuestos y tienen un poder adquisitivo de $2.5 mil millones, según el Consejo Americano de Inmigración. También hay 6,764 inmigrantes emprendedores.

En 2013, la fecha más reciente en que se publicaron estas estimaciones, se creía que 62,000 inmigrantes eran indocumentados en los condados de Monterey y San Benito.

Incluso rumores sin confirmar sobre la presencia de ICE han causado pánico. Adriana Melgoza es la directora ejecutiva del Centro Legal Watsonville y líder de la Red de Solidaridad, un grupo de respuesta rápida de observadores legales liderado por voluntarios que monitorean las actividades de control migratorio en el condado de Monterey. Melgoza dice que los rumores afectan a los trabajadores emocional y económicamente. En un caso, cuando ICE ni siquiera estaba presente, cuenta que un trabajador agrícola pasó 45 minutos escondido bajo cajas de fresas.

"Es realmente desgarrador", dice Melgoza, "escuchar que un trabajador que simplemente está trabajando, que está ahí afuera intentando ganarse la vida, se esconde bajo las cajas por miedo". 

MIENTRAS LAS REDADAS DE ICE SACUDÍAN A LOS ÁNGELES A PRINCIPIOS DEL VERANO, la respuesta a las protestas contra ICE en Los Ángeles se militarizó. El senador estadounidense Alex Padilla fue expulsado por la fuerza de una conferencia de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en Los Ángeles el 12 de junio.

Pocos días después, más de 40 funcionarios de los condados de Monterey, San Benito y Santa Cruz, así como líderes del sector empresarial, se reunieron en una conferencia de prensa para expresar su apoyo a la comunidad inmigrante local.

“Las operaciones de ICE han separado a familias y han atacado a trabajadores inmigrantes, incluyendo a trabajadores agrícolas. Estas acciones no solo son injustas, sino que a menudo son inconstitucionales y violan el debido proceso y los derechos civiles de maneras que simplemente no podemos aceptar”, dijo en inglés el Supervisor del Condado Luis Alejo. “Si está sucediendo allá, puede suceder aquí, y podría sucederle a cualquiera de nosotros.”

Los trabajadores inmigrantes son la columna vertebral de nuestra economía local, desde nuestros campos hasta nuestros hoteles, restaurantes, obras de construcción y centros de cuidado infantil y de ancianos. Sus contribuciones son esenciales de muchas maneras”.

El año pasado, anticipándose al lanzamiento de las políticas de Trump, la Junta de Supervisores del Condado de Monterey aprobó un comité ad hoc centrado en los derechos de los inmigrantes, dedicado a brindar información y recursos a la comunidad indocumentada del Condado de Monterey.

"Cuando se habla de este tema a nivel nacional, se habla como si fueran personas de otro lugar. Pero cuando los residentes locales empiecen a ver que podrían ser nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos o familiares, la percepción del público sobre este tema cambiará drásticamente", dice Alejo, miembro del comité.

Tras los arrestos de ICE, los funcionarios de prensa de la agencia envían comunicados de prensa por correo electrónico con fotos de los detenidos, sus presuntos delitos y titulares contundentes como "ICE arresta a los peores de los peores inmigrantes ilegales delincuentes" o " ICE arresta a asesinos, pedófilos y violadores durante el fin de semana".

En realidad, la mayoría de los inmigrantes detenidos no tienen antecedentes penales. Según datos del propio Departamento de Seguridad Nacional, de 56,945 detenidos, solo el 28 por ciento tiene una condena penal.

Según tracreports.org, una base de datos creada por la Universidad de Syracuse, las cinco nacionalidades con más órdenes de deportación son latinoamericanas; los inmigrantes mexicanos encabezan la lista con 77,935 órdenes de deportación hasta junio. (Los funcionarios del ICE no respondieron a una petición de comentarios).

“La política de deportación de esta administración va más allá de centrarse en delincuentes violentos; ahora está arrasando con inmigrantes que contribuyen a nuestra economía y comunidades”, dice el representante estadounidense Jimmy Panetta, demócrata por Carmel Valley. “No solo en la Costa Central de California, sino en todo el país, hay muchos inmigrantes que se han arriesgado a venir aquí, contribuir aquí, realizar trabajos que pocos estadounidenses, o ninguno, harían en agricultura, construcción, hostelería, asistencia de enfermería y más, y contribuir así al desarrollo de nuestra comunidad”.

Hasta junio, la lista de casos pendientes en el tribunal de inmigración constaba de 3,461,637; de ellos, 2,209,097, habían presentado una solicitud de asilo y estaban a la espera de una audiencia.

PABLO, EX ESTUDIANTE-ATLETA, trabaja como fotógrafo independiente y es recipiente de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Vive en Estados Unidos desde los 4 años y sus recuerdos de México son de su abuela, quien lo cuidó desde bebé, y de las imágenes borrosas de su fiesta de despedida antes de mudarse a California desde el estado de Hidalgo, México. Vive con sus padres, ambos trabajadores agrícolas indocumentados, y sus dos hermanos en una casa de dos habitaciones en Salinas.

Pablo estaba en la preparatoria cuando solicitó un permiso de trabajo y se enteró de su estatus migratorio. "Sabía que había nacido allí [en México], pero desconocía que no tenía la libertad de trabajar ni de disfrutar de todos los beneficios como ciudadano", dice.

Tener un permiso de trabajo lo motivó a cursar estudios superiores y a estudiar en una universidad fuera del estado con una beca completa. Fue su primera vez en un avión..

Pablo ha completado su solicitud de DACA varias veces. Su permiso más reciente venció en julio y el nuevo aún no ha llegado; eso significa que actualmente se encuentra indocumentado y es más vulnerable a la deportación.

Presentó su solicitud dos meses antes de la fecha de vencimiento, mientras que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos recomienda hacerlo de cuatro a cinco meses antes. "Cometí un error", dice Pablo sobre el plazo.

“Así es como se sienten mis padres. Ahora tengo miedo, así que ahora sé cómo se siente”, añade. (Si su solicitud de renovación de DACA sigue pendiente después de 105 días, puede consultar sobre su solicitud o solicitar la intervención de su congresista si se retrasa).

Después de que a las redadas en el sur de California le siguiera el temor de una posible redada de ICE, cuando varias agencias presentaron una orden de registro en una plantación de mariguana cerca de Pájaro (una investigación que resultó estar centrada exclusivamente en presuntos delitos estatales), Pablo está más consciente del riesgo. Ahora llama a sus padres todos los días laborables si no están en casa a las 6 p. m.

"Para ser honesto, no sé de dónde soy. Si voy a México, no tengo ni idea. No he estado allí desde que tenía 4 años... Siento que me sentiría más bienvenido, porque tendría la libertad de salir y no sería detenido por ICE ni por nadie. No me siento libre".

El 29 de julio, condujo al sur de California para trabajos de fotografía no remunerados en San Diego y Los Ángeles (ambos lugares con mucha actividad de ICE). Espera que este trabajo le abra las puertas a trabajos pagados.

Tengo miedo, pero investigué. Chat GPT suele ser mi abogado”, dice Pablo. Lleva su licencia de conducir, que vence en 2027, junto con el recibo que muestra que su solicitud de DACA está pendiente y cartas que demuestran que es un buen ciudadano.

“Estuve a punto de rechazar esta oportunidad que se presentó. Siento que esas oportunidades son difíciles de conseguir, y no quiero ser esa persona que cambia por miedo a algo. Sigo queriendo vivir mi vida”.

A pesar de no haber estado en México desde los 4 años, Pablo no le teme demasiado a una posible deportación. Tiene familia allí y una licenciatura. "Probablemente podría conseguir trabajo como profesor de inglés. No sé qué tan difícil sea", dice. "Tengo experiencia con la fotografía de alimentos. Puedo ir a restaurantes y quizás pedir algo de dinero".

Pablo ha dejado de prestar atención a las propuestas de ley para facilitar la ciudadanía y la residencia permanente legal. Cuando era más joven, solía consultar las noticias con frecuencia, con la esperanza de una reforma migratoria, y se sentía decepcionado cuando nada se materializaba. "Cuando lo has visto tantas veces, ya no duele", dice.

LA ÚLTIMA REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL SE REALIZÓ HACE 40 AÑOS. Desde entonces, los legisladores han presentado varios proyectos de ley para obtener la residencia legal y la ciudadanía, pero ninguno ha prosperado.

"La gente se sorprende si estás casado con un ciudadano estadounidense; simplemente dan por sentado que puedes obtener la residencia legal. No siempre es así. Si entraste a Estados Unidos sin inspección en la frontera terrestre, nunca obtienes la residencia", dice en inglés la representante estadounidense Zoe Lofgren, demócrata por San José, quien fue abogada de inmigración.

La Ley de Dignidad de 2025 es un proyecto de ley bipartidista presentado por la representante María Elvira Salazar, republicana de Florida, el 15 de julio, y copatrocinado por la representante Verónica Escobar, demócrata de Texas. Busca aumentar la seguridad fronteriza y proporcionaría una vía hacia la residencia permanente legal. Otorgaría a los inmigrantes indocumentados un permiso de trabajo y protección contra la deportación. Los Dreamers/recipientes de DACA, que ingresaron al país a los 18 años o menos antes del 1 de enero de 2021, podrían solicitar un permiso de 10 años con una vía hacia la residencia permanente legal; DACA es un permiso de dos años. Beneficiaría a aproximadamente 2.5 millones de Dreamers; 525,000 de ellos son recipientes de DACA. También penalizaría el cruce ilegal fronterizo con penas de prisión de hasta 10 años, y de 20 años para las personas sean deportadas tres veces o más.

La otra opción es crear una vía para obtener la ciudadanía. El 25 de julio, Lofgren, junto con los representantes Grace Meng, demócrata por Nueva York; Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York; y el representante Jesús “Chuy” García, demócrata por Illinois, reintrodujeron la Renovación de las Disposiciones de Inmigración de la Ley de Inmigración de 1929, o H.R. 4696. Esta actualizaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como el registro (the registry), modificando la fecha límite para la residencia permanente. Padilla también reintrodujo un proyecto de ley similar en el Senado.

La disposición del registro permitiría a los inmigrantes que han residido en Estados Unidos durante varios años solicitar la residencia si no tienen antecedentes penales.

La última vez que se actualizó esta disposición fue en 1972. Durante el gobierno de Reagan, casi 2.7 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal gracias a la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986.

"No se ha actualizado desde entonces, lo cual es muy problemático para Estados Unidos", afirma Lofgren. "Estamos viendo agentes armados y enmascarados, que se niegan a identificarse, deteniendo y haciendo desaparecer a personas en todo Estados Unidos. Esto está afectando a las familias, a las comunidades... [a] la economía".

“La economía de la Costa Central se basa en la agricultura. Más de la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados. Si desaparecen, la economía de esta zona colapsará.”

El proyecto de ley proporcionaría una vía para obtener la ciudadanía a personas con diversos estatus migratorios y habilidades, desde jóvenes hasta trabajadores agrícolas y profesionales.

La renovación permitiría a los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante siete años solicitar una tarjeta de residencia permanente (Green Card). La ley tendría una fecha de vigencia continua, lo que significa que se actualizaría automáticamente sin necesidad de una nueva legislación.

Lofgren afirma que el proyecto de ley beneficiaría a residentes con diversos estatus migratorios y evitaría que Estados Unidos redujera su fuerza laboral en sectores clave como la salud y la agricultura.

MIENTRAS TODA ESTA LEGISLACIÓN ESTÁ PENDIENTE EN UN CONGRESO PARTIDISTA, los habitantes del condado de Monterey continúan con su vida y su trabajo. Casi el 30 por ciento de la población nació en el extranjero. Para muchos, la nueva normalidad es llevar consigo sus documentos, especialmente si se identifican con el objetivo del ICE: personas de piel morena.

Si bien no hay muchos casos de personas detenidas al azar en el condado de Monterey (la Red de Solidaridad informa que al menos dos personas han sido detenidas al azar, en lugar de en acciones específicas de ICE), algunas personas están tomando medidas preventivas por si se cruzan con agentes de ICE.

“Como esto tiene motivos raciales, llevo mi pasaporte conmigo”, dice Natalie Portillo. Su esposo, Juan Carlos “JC” Portillo Contreras, trabajó durante mucho tiempo como gerente en el restaurante Wild Fish en Pacific Grove. Fue detenido por ICE durante un control migratorio regular en junio. (Según una actualización del 11 de julio en una página de GoFundMe para ayudar a su familia, Portillo Contreras fue deportado a El Salvador y se encuentra con familiares).

Carmen, de 35 años, es una recipiente de DACA y madre de cinco hijos, y lleva 23 años viviendo en California. Trabaja con trabajadores agrícolas indocumentados en el condado de Monterey.

Carmen, de origen mixteco, dice que se siente un poco más protegida porque tiene un permiso de trabajo, pero le preocupa que su piel morena aumente sus posibilidades de ser detenida. “Siempre intento llevar mi identificación y, si la olvido, me regreso por ella”, dice. Ahora lleva su licencia de conducir, su permiso de trabajo y su tarjeta del Seguro Social a todas partes.

ELENA ES UNA CIUDADANA NATURALIZADA QUE VIVE EN SEASIDE Y TRABAJA EN EL SECTOR EDUCATIVO. Su familia tiene estatus migratorio mixto. Su esposo, Mateo, es indocumentado y sus tres hijos, todos menores de 10 años, son ciudadanos estadounidenses.

Dice que nunca imaginó que el proceso para regularizar el estatus migratorio de su esposo sería tan largo. Comenzaron el proceso para regularizarlo en cuanto se casaron hace 10 años; después de hablar con diferentes abogados, la única opción que tienen ahora mismo es que él espere 10 años en México antes de continuar con el proceso (Mateo no tiene antecedentes penales y ha cruzado la frontera ilegalmente dos veces).

“‘No me casé para ser madre soltera’, es lo que siempre digo. Y no creemos que regresar sea lo más seguro para nuestra familia”, dice. “Estamos en una especie de limbo, esperando que la ley cambie en algún momento para que él pueda evitar ese paso.”

“Mi esposo no lo hizo bien, pero creo que las circunstancias a veces hacen que las personas tomen decisiones que no necesariamente se piensan con cuidado”, dice, señalando que su esposo tenía solo 17 años cuando cruzó la frontera a pie por el desierto. “No creo que él siquiera pensara que viviría aquí permanentemente”.

Han mantenido a sus hijos al margen de su estatus migratorio. "Mis hijos aún no tienen la edad suficiente para comprender la situación, así que no saben que él no está aquí legalmente. Eso complica aún más el tema", dice.

Si bien la pareja ha discutido posibles opciones en caso de que ICE lo detenga, actualmente no tienen un plan establecido.

Si lo deportan, Elena dice que su vida sería más difícil, pero "tengo un sistema de apoyo aquí. Tengo a mi familia", dice.

Si bien muchos aspectos de su rutina diaria siguen siendo los mismos, se mantienen alejados de lugares concurridos, incluyendo eventos comunitarios, mercados callejeros y evitan visitar ciudades, como Salinas, que son predominantemente latinas.

"Parezco mexicana. Tengo acento. Hablo principalmente español dondequiera que voy. Sería un objetivo fácil de ser levantada en la calle", dice. "Aunque este gobierno quiera admitirlo o no, nosotros somos el blanco".