La Junta de Supervisores volverá a analizar las políticas sobre la relación del Condado con ICE.

La Corte Suprema de los EE. UU. rechazó el esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos en un fallo emitido el 30 de junio, lo que permitió que millones de estadounidenses respiraran aliviados sobre su estatus.

Pero las medidas enérgicas a nivel nacional continúan, con implicaciones locales; los funcionarios de la Ciudad y del Condado han aprobado resoluciones instando al gobierno federal a dejar de proceder con un centro de detención de inmigración en Gilroy. Pero algunos residentes y funcionarios electos buscan una línea más clara entre el gobierno local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

El martes 7 de julio, la Junta de Supervisores del Condado de Monterey está programada para analizar si implementará reglas locales que vayan más allá de la ley estatal para limitar la interacción con ICE. Deliberarán sobre si evitar el uso de recursos, edificios y personal del Condado para la aplicación de las leyes de inmigración; terminar la participación del Sheriff en el programa de reembolso federal llamado Programa de Asistencia para la Custodia de Extranjeros Criminales del Estado (SCAAP, por sus siglas en inglés), el cual otorga pagos a los centros penitenciarios que albergan a inmigrantes indocumentados; ampliar la información proporcionada bajo la Ley TRUTH de California; enmendar las políticas del Condado sobre empleo externo y conflicto de intereses con miras a los empleados que trabajan en un segundo empleo para ICE; considerar implementar una posible supervisión independiente de la Oficina del Sheriff; e instar al Sheriff a detener toda cooperación con ICE.

“Escucho de manera regular que hay un deseo por parte del público de que el condado adopte una postura más firme y formal sobre algunos de estos puntos”, dice la supervisora Wendy Root Askew.

La Sheriff Tina Nieto ha hablado sobre varios elementos de estos temas ante la junta, pero se negó a ser entrevistada sobre la próxima audiencia.

“La Oficina del Sheriff no hará comentarios adicionales antes de la reunión programada, ya que no sabemos qué preguntas específicas o qué dirección puedan surgir de esa reunión”, dice el comandante Andrés Rosas por correo electrónico.

(Root Askew sostiene que ninguna acción que tome la junta tendría la intención de limitar la autoridad de la Sheriff. “No queremos de ninguna manera hacer nada que comprometa su capacidad para desempeñar sus funciones”, dice).

A través de SCAAP, el Condado recibió un reembolso de más de $600,000 el año pasado para cubrir los costos asociados con albergar a reclusos indocumentados en la cárcel.

Aunque Nieto aún no ha presentado públicamente los detalles sobre SCAAP, sí envió un correo electrónico a la Junta de Supervisores diciendo que cree que hubo un malentendido sobre el alcance del intercambio de datos.

“La participación en SCAAP no requiere que la Oficina del Sherrif notifique a ICE cuando alguien ingresa a la cárcel, cuando sale en libertad, o dónde vive o trabaja”, escribió. “La información proporcionada se limita a datos básicos de ingreso y condena que ya existen dentro de las bases de datos nacionales de justicia penal accesibles para las agencias de la ley en todo el país”.

El informe de la Ley TRUTH es una actualización anual obligatoria en la que las agencias de la ley locales comparten datos sobre los reclusos entregados a ICE. En enero, Nieto, el subsheriff Keith Boyd y el jefe de la Oficina de Correccionales, Timothy Lanquist, presentaron los datos de 2025, mostrando que de las más de 9,200 personas que ingresaron a la cárcel, 21 personas fueron entregadas a la custodia de ICE. La agencia rechazó la mayoría de las 295 solicitudes de ICE para tener acceso a personas encarceladas.

En abril, Nieto regresó para proporcionar información adicional sobre las 21 personas que fueron entregadas a ICE.

“Estos no son delitos menores”, dijo Nieto. “Estas personas representan un peligro potencial para la comunidad si son liberadas”.

Ocho de las 21 personas no habían sido condenadas, lo que generó preocupación entre algunos de los supervisores.

“Creo que este tipo de colaboración es la definición de lo extrajudicial”, dijo la supervisora Kate Daniels durante la discusión en abril. “Lo más seguro es dejar que el sistema judicial siga su curso y garantizar que los delincuentes violentos sean condenados y sentenciados”.

Las agencias de la ley en California no están obligadas a compartir información con ICE, pero pueden cooperar con los agentes de ICE a su discreción, como al transferir a personas con delitos graves o compartir información que ya es de acceso público.

Root Askew sugiere que el Condado considere poner fin a la cooperación con ICE por completo, algo sobre lo cual los supervisores Chris Lopez y Luis Alejo han expresado dudas.

“[La ley estatal] es muy proinmigrante, pero tenemos que mantener un equilibrio”, dijo Alejo en abril.

“A grandes rasgos, ¿estamos haciendo que nuestras comunidades, especialmente las comunidades latinas, sean más seguras? No creo que lo estemos haciendo”, dijo Lopez, señalando que los inmigrantes indocumentados también son víctimas de delitos.

Adriana Melgoza, directora ejecutiva del Centro Legal de Watsonville, dice que los residentes quieren respuestas más claras por parte de las agencias de la ley en un área que permite la discrecionalidad. Si se está colaborando con ICE, dice, “Eso debe decírsele a la comunidad, para que la comunidad esté al tanto de exactamente cómo está sucediendo, cuándo está sucediendo y qué es lo que el Condado y la Sheriff están haciendo y respaldando”.

Dice que la falta de transparencia genera desconfianza entre los inmigrantes.

“Hemos visto a ICE en la comunidad”, agrega Melgoza, “y vigilan a los miembros de la comunidad fuera de la cárcel, de modo que eso les está dando acceso”.

Melgoza dice que es preocupante que se haya entregado a personas sin haber sido condenadas. “Cuando violamos los derechos de una persona, todos corremos el riesgo de que se violen nuestros derechos, sin importar si somos ciudadanos o no ciudadanos”.