Un plan de financiamiento de tres años para la salud mental será diferente este año.

OPINIÓN

Últimamente me he acordado del viejo dicho: Las elecciones tienen consecuencias.

Y eso no es porque esté anticipando lo que pasará después de las próximas elecciones primarias del 2 de junio. Es porque los funcionarios locales están comenzando a enfrentar la nueva realidad de cómo se financian los servicios de salud mental a nivel del Condado, con algunos cambios importantes debido a la Proposición 1.

La medida se aprobó en 2024 por un margen muy estrecho, con solo el 50.2 por ciento de los votos a nivel estatal. (Le fue mejor en el Condado de Monterey, donde se aprobó con el 53.4 por ciento de los votos). Nuestro consejo editorial respaldó la medida en 2024, entusiasmado con la gran idea de abordar la falta de vivienda y la salud mental de manera conjunta y estratégica, pero también consciente de que tendría algunas consecuencias desagradables.

“Para los condados”, escribimos en ese momento, “la medida significará menos dinero y también menos libertad sobre cómo gastar los fondos de la Ley de Servicios de Salud Mental”.

Ese momento de “menos dinero y menos libertad” está ocurriendo ahora, programado para entrar en vigor el 1 de julio cuando comience a aplicarse la metodología que sustenta la Ley de Servicios de Salud Mental (anteriormente la Ley de Servicios de Salud Mental, MHSA). Y ese nuevo plan tiene una audiencia pública final el jueves 28 de mayo a las 5:30 p.m. en Marina.

La Comisión de Salud Mental del Condado tendrá la tarea de adoptar un plan que asigne financiamiento para intervenciones específicas de salud mental durante tres años. Todo este concepto se originó gracias a la aprobación previa de los votantes en 2004, que impuso un impuesto del 1 por ciento a los californianos con ingresos superiores a $1 millón para financiar los servicios de salud mental.

Bajo el nuevo esquema, actualizado por la Prop. 1, se destinará más financiamiento para la vivienda de personas desamparadas y para programas de trastornos por abuso de sustancias. Pero la proposición no significa que haya más dinero disponible; lo que hace es reestructurar qué se puede y qué no se puede financiar a través de este proceso, y las iniciativas de prevención de salud mental saldrán perdiendo.

En abril reporté sobre las 21 organizaciones locales que perderán un total colectivo de $6.4 millones en financiamiento debido a los cambios en la BHSA. Eso incluye a los terapeutas de la agencia no lucrativa Centro de Abogacía Comunitaria (Center for Community Advocacy). Incluye el programa de consejería entre compañeros de la tercera edad de Alianza para el Envejecimiento (Alliance on Aging). Incluye el alcance de salud materna en el Sur del Condado por parte del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Y la lista continúa.

La audiencia del 28 de mayo no es una oportunidad para buscar financiamiento para estos grupos; esa oportunidad ya pasó cuando aprobamos la Prop. 1 hace dos años. Algunas organizaciones, como el Centro de Abogacía Comunitaria, están buscando donantes privados que les ayuden a cubrir la falta de fondos.

Alianza para el Envejecimiento está instando a la Mesa Directiva de Supervisores del Condado de Monterey a buscar recursos. Algunos grupos podrían tener cierto éxito al solicitar fondos a un fondo estatal, pero es probable que sea más competitivo que el antiguo proceso del Condado para recibir asignaciones de la MHSA cada tres años.

Sigo pensando que los principios fundamentales de la proposición son buenos y abordan algunas de las necesidades más urgentes de las personas en crisis. Pero me preocupa lo que sucederá cuando haya menos recursos disponibles en las etapas de prevención, ofreciendo un servicio culturalmente relevante