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La sheriff Tina Nieto le dijo a la mesa directiva que no se opondrá a tener un comité de supervisión para su departamento.

Al mismo tiempo que la Junta de Supervisores del Condado de Monterey fijó su postura sobre las políticas de inmigración el 7 de julio, la junta acordó avanzar con una oficina independiente del inspector general junto con un comité asesor comunitario para la Oficina del Sheriff.

Esta supervisión se ha esperado por mucho tiempo. En 2021 entró en vigor el Proyecto de Ley de la Asamblea 1185, el cual permite a los condados crear comités para supervisar a los sheriffs y a sus departamentos. En 2023, la junta creó un comité ad hoc —compuesto por dos supervisores, Wendy Root Askew y Glenn Church— para explorar opciones.

Desde entonces, muchos residentes han mostrado su apoyo, incluso durante la reunión del 7 de julio. Algunos señalaron que esta medida no ha avanzado lo suficientemente rápido, mientras que otros solicitaron una supervisión civil.

“De verdad quería que esto quedara terminado hoy”, dijo a la junta Stephanie Cooper, inmigrante y residente de Monterey. “Ya hemos esperado suficiente. Todo esto comenzó desde el 2023”.

“Es hora de tener una supervisión civil efectiva en el departamento del sheriff”, expresó Michelle Welsh, abogada local, quien sugirió agregar un panel de revisión civil.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California (ACLU), contar con una supervisión de la Oficina del Sheriff aumenta la transparencia y la rendición de cuentas en el departamento.

El comité ad hoc exploró cinco opciones diferentes con varias combinaciones, incluyendo un inspector general contratado de forma externa, un inspector general junto con un comité de supervisión ciudadana, y una junta de supervisión nombrada por los supervisores.

La recomendación fue crear una oficina independiente del inspector general con un costo estimado de $500,000.

La Sheriff Tina Nieto dijo que la decisión de aprobar un inspector general correspondía a la junta. “No me voy a oponer a eso”, añadió.

La junta acordó aprobar al inspector general, y la supervisora Kate Daniels agregó un comité asesor comunitario.

Durante la reunión, la junta también recibió una actualización sobre la auditoría financiera de la Oficina del Sheriff realizada por GGP Analytics. La auditoría estuvo en pausa debido a que el personal estaba enfocado en el presupuesto del condado, explicó Nick Chiulos, subdirector ejecutivo de la administración del condado. Chiulos añadió que la auditoría comenzó a avanzar a finales de junio tras reunirse con la Oficina del Sheriff y la firma.

El personal del condado recibirá un informe para su revisión este verano, seguido de una presentación ante la junta para finales de año.

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