El fiscal general de California, Rob Bonta, y el asesor legal del Condado de Santa Clara, Tony LoPresti, presentaron una demanda federal el miércoles 10 de junio, buscando detener la construcción de una instalación propuesta de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de 24.5 acres en el 7240 de Holsclaw Road cerca de Gilroy, también conocida como la propiedad Holsclaw.
De acuerdo con la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, Bonta y LoPresti sostienen que construir un centro de detención en este sitio contradice las leyes de zonificación, amenaza los hábitats de especies en peligro de extinción, pone en riesgo la salud pública debido a una infraestructura inadecuada y contamina el hábitat y el agua potable, lo cual podría provocar un reflujo hacia las estructuras en la propiedad Holsclaw, creando un contacto humano directo con patógenos que incluyen bacterias, virus y parásitos.
Además, al menos algunos de los espacios arrendados en el sitio, incluidas partes del sistema séptico existente, se encuentran dentro de áreas designadas como zonas especiales de peligro de inundación, lo que agrava aún más el riesgo de fallas en el sistema y plantea preocupaciones de seguridad para los detenidos y otros usuarios de la instalación, así como para las propiedades residenciales vecinas, según la demanda.
Los demandantes también alegan que el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias relacionadas violaron múltiples leyes federales al no realizar las revisiones ambientales requeridas bajo la Ley de Política Ambiental Nacional e ignorar las opiniones locales y estatales según lo mandata la Ley de Cooperación Intergubernamental.
La propiedad Holsclaw ha estado restringida exclusivamente al uso agrícola desde 1967 bajo la Ley Williamson, un contrato de uso de suelo que otorga beneficios fiscales a cambio de preservar los terrenos agrícolas.
Según los informes, la construcción de la instalación de detención de ICE en el sitio comenzó el 4 de mayo o alrededor de esa fecha, sin previo aviso público ni consulta.
Bonta y LoPresti buscan un mandato judicial permanente para detener la construcción y evitar que la instalación abra sus puertas.
En mayo, la Mesa de Supervisores del Condado de Monterey y el Concejo Municipal de Soledad enviaron una carta de oposición a la instalación a los funcionarios estatales y federales.
“Nuestra comunidad no es un basurero para el caos de ICE de Trump. Aquí no. Nunca”, dijo el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, en un comunicado. “Apoyo a nuestros vecinos y respaldo totalmente la demanda de California contra la fallida agenda de inmigración de Trump, y no dejaremos de luchar”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

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