La aprobación estatal para la moratoria de construcción de Greenfield, en espera mientras persisten los problemas de aguas residuales.

Frente a una planta de tratamiento de aguas residuales que lleva tiempo dando problemas, el Ayuntamiento de Greenfield tomó cartas en el asunto el año pasado: votó pausar las nuevas construcciones para no añadirle más presión a la instalación, que ya está muy desgastada. Pero esa moratoria sigue atorada, esperando el visto bueno del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, conocido como HCD. Lo que iba a ser una espera de tres meses —por el rezago acumulado en la agencia estatal— ya se convirtió en más de siete.

"Todavía no tenemos su aprobación para implementar oficialmente la moratoria de construcción, y tampoco sabemos por qué", escribió por correo electrónico Paul Wood, administrador municipal de Greenfield.

Y esa no es la única política que está en el aire. Como la ciudad no incluyó la moratoria cuando entregó su Housing Element —el plan que se elabora cada ocho años para proyectar la zonificación del nuevo desarrollo que se necesita— Greenfield tendrá que volver a someter ese plan ante el HCD para que lo apruebe.

Los funcionarios buscaron la moratoria para proteger la planta de tratamiento, que ya está bajo la lupa de otra agencia estatal: la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Costa Central. Esa junta ha emitido tres avisos de violación desde 2024 y, en abril de 2025, le ordenó a Greenfield construir una planta nueva para el año 2030.

Mientras tanto, los problemas en la planta actual no dan tregua: hay filtraciones lentas, el procesamiento se interrumpe y los residuos entran a raudales. "Legalmente, no podemos dejar de otorgar permisos a los proyectos que ya están en trámite", explicó Jamie Tugel, directora de Obras Públicas. "Eso va a aumentar todavía más la carga en nuestra planta de aguas residuales".

Desde que el Ayuntamiento adoptó la moratoria en agosto pasado, no ha aprobado ningún desarrollo nuevo. Sin embargo, la Comisión de Planificación sí le ha dado luz verde a cuatro proyectos residenciales: una subdivisión de 350 casas unifamiliares y tres proyectos multifamiliares, entre ellos la Fase II de Greenfield Commons con 100 unidades nuevas, más otros dos que suman 100 unidades adicionales, según el planificador municipal Brent Slama.

"Si alguno de ellos recibe sus permisos antes de que la moratoria entre en vigor, sin duda van a impactar la planta de alcantarillado actual", advirtió Slama en un correo electrónico.

La planta tiene permiso para manejar un flujo promedio diario de menos de 1.2 millones de galones. Pero según Tugel, ese límite se supera varias veces al mes. Y con la temporada de cosecha agrícola a la vuelta de la esquina, calcula que el flujo podría crecer hasta 100,000 galones más por día.

A pesar del enredo burocrático, el proceso para conseguir financiamiento va avanzando. La ciudad trabaja con la División de Asistencia Financiera de la Junta Estatal del Agua en su solicitud de subvenciones y préstamos para levantar una planta nueva de 111.3 millones de dólares, con capacidad para hasta 2 millones de galones diarios. De ese total, Greenfield busca 75 millones en subvenciones y 36 millones en préstamos de bajo interés.

El año pasado, el Ayuntamiento también aprobó un aumento en las tarifas de alcantarillado. "Necesitábamos demostrar que podíamos pagar esta planta incluso si no conseguimos el financiamiento externo", concluyó Tugel.