El presidente de la Asamblea Estatal, Robert Rivas, reitero su oposición a la instalación del ICE propuesta en Gilroy después de que un juez federal dictaminara el lunes 14 de sept. que el proyecto no cumplía con los requisitos ambientales.

“Nuestra comunidad no es un basurero para el caos del ICE de Trump. Ni aquí, ni nunca”, dijo Rivas, demócrata de Hollister, en un comunicado emitido el miércoles. “Permanezco unido a nuestros vecinos en contra de este centro de detención ilegal, porque la fallida agenda migratoria de Trump no tiene cabida en California. No dejaremos de luchar”.

Según los informes, la orden judicial preliminar suspenderá la construcción mientras avanza la demanda entablada por el Condado de Santa Clara y el estado de California. En meses recientes, los líderes locales, encabezados por la Mesa de Supervisores del Condado de Monterey, también han expresado su oposición al proyecto.

El juez federal determinó que el ICE no procedió de acuerdo con la Ley Nacional de Política Ambiental, señalando que no había prueba de que el gobierno federal hubiera realizado un análisis antes de la construcción.

Por lo tanto, la construcción en la instalación propuesta queda pospuesta mientras el caso sigue su curso.

"El Condado de Monterey no se quedará de brazos cruzados cuando las acciones federales amenacen la seguridad, la estabilidad y la confianza de nuestras familias", declaró la supervisora Wendy Root Askew a finales de julio. "Nuestra Mesa votó con abrumadora convicción para liderar este esfuerzo, porque proteger a nuestros vecinos inmigrantes no es solo un asunto del Condado de Santa Clara; es una prioridad regional. Al unir a 26 ciudades y condados, estamos enviando un mensaje indiscutible de que la autonomía local y la confianza comunitaria no pueden ser hechas a un lado por mandatos de control federal".

Encabezada por la Mesa de Supervisores del Condado de Monterey, se formó una coalición de 26 ciudades y condados del norte y centro de California para oponerse al centro del ICE, sosteniendo que la instalación desestabilizaría operaciones locales clave, socavaría la colaboración con la salud pública y las fuerzas del orden, y se extralimitaría en las leyes de zonificación y gobernanza local, según un documento judicial presentado el 27 de julio.

Entre las ciudades locales participantes se encuentran Salinas, Gonzales, King City, Soledad y Hollister. Las jurisdicciones participantes incluyen los condados de Santa Cruz y San Benito.

El Condado de Monterey sostiene que los inmigrantes son fundamentales para industrias clave como la agricultura —una piedra angular para estas regiones, donde el condado es líder nacional en la producción de lechuga, apio, brócoli, espinaca, coliflor y fresas.

“Si los trabajadores del campo tienen miedo de ir a trabajar o son deportados en masa, se producirán interrupciones en el suministro nacional de productos agrícolas, lo que provocará un aumento de precios y posibles escaseces”, afirmó el condado en documentos judiciales.