La Sheriff del Condado de Monterey, Tina Nieto, fue electa en 2022 para un mandato de seis años. Sobre la creación de la oficina de un inspector general, señala: “Es teatro político”.
Tres años después de que los miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Monterey plantearan por primera vez la posibilidad de una supervisión independiente sobre el Sheriff del Condado, el 7 de julio aprobaron la creación de una oficina del Inspector General con un comité asesor comunitario.
“Nos daría la capacidad de hacer mejores preguntas a la Sheriff y brindar al público más transparencia sobre cuáles son algunas de esas políticas y prácticas”, dice la supervisora Wendy Root Askew. Esto incluye políticas, gestión de horas extras, prácticas en la cárcel y más.
Francisco López, director del Distrito 12 de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), aplaude la decisión.
“Creemos que fortalecerá la confianza pública”, afirma.
La confianza en la oficina del Sheriff estaba en su punto más bajo cuando Root Askew presentó el tema por primera vez en 2022. El entonces Sheriff Steve Bernal fue reprendido públicamente por la junta ese año por no atender el acoso sexual dentro del departamento. En 2021, fue censurado por uso indebido de fondos.
El Proyecto de Ley 1185 de la Asamblea Estatal, aprobado en 2020, permite a los condados crear comités para supervisar a los Sheriff y sus departamentos, lo que llevó al Condado de Monterey a formar un comité ad hoc integrado por los supervisores Root Askew y Glenn Church. Realizaron una reunión pública en 2023 y luego mantuvieron bajo perfil durante tres años.
Askew señala que el tema resurgió después de que la oficina del Sheriff publicara su último informe de la Ley TRUTH, una actualización anual obligatoria en la que las agencias del orden público locales comparten datos sobre los reclusos entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de las reuniones posteriores donde la junta discutió temas de inmigración. Varios residentes alzaron la voz para exigir la creación de un comité de supervisión.
Actualmente, la oficina del Sheriff está pasando por una auditoría financiera realizada por GGP Analytics, solicitada en 2025 por la junta. Church dice que el retraso en la auditoría fue un contratiempo para formalizar un proceso de supervisión antes.
“Esperábamos obtener información antes de tomar una decisión, pero eso ha llevado bastante tiempo”, indica.
La Sheriff Tina Nieto acata la decisión de la junta, pero cuestiona si es financieramente responsable; el personal del Condado estima que costará $500,000 dólares al año.
“Este es un costo para los contribuyentes y no creo que sea dinero que el Condado deba estar gastando en este momento”, señala.
Nieto añade que ha sido abierta.
“Hasta este punto, cualquier cosa que los supervisores hayan querido ver, se las he presentado”, afirma.
Ella ha estado bajo escrutinio desde que asumió el cargo en 2023, incluso recientemente por datos que muestran la entrega a ICE en 2025 de 21 personas, de un total de 9,200 ingresadas en la cárcel del condado.
Chris Barrera, un presidente de LULAC que apoyó a Nieto durante su campaña, argumenta que Nieto no ha sido transparente.
“Ella expresó cómo iba a apoyar los comités de supervisión civil”, dice Barrera.
Allyssa Victory, abogada principal de la ACLU del Norte de California, señala que la supervisión beneficia a la comunidad: “Aumenta la transparencia y la comunicación”.
Victory menciona que, en general, los Sheriff no han rendido cuentas por conductas indebidas.
“Se financian con fondos públicos. Sirven al público y, por lo tanto, deben rendir cuentas”, afirma Victory. Para supervisar de manera efectiva la Oficina del Sheriff, los comités y los inspectores generales necesitan facultades de citación bajo apercibimiento de ley (poder de subpoena), añade Victory: “Ese es un poder crítico para ellos”.