En los 10 meses transcurridos desde que un juez de la Corte Superior del Condado de Monterey nombró a un administrador judicial (receptor) para manejar las finanzas de la organización sin fines de lucro Life Foundation —dueña de un edificio en el sur de Salinas que está arrendado al Condado de Monterey—, el proceso para seguir un desordenado rastro de documentos financieros ha sido complejo, similar al juego de "pegarle al topo" (whack-a-mole), término que utilizó el juez Ian Rivamonte.
Principalmente, ese rastro de documentos se refería a múltiples cuentas de varias entidades asociadas con Barnett Davis II, fundador y director ejecutivo de la agencia no lucrativa, la cual tiene su sede en Aspen, Colorado.
Por décadas, la fundación de Davis ha arrendado el edificio de 102,000 pies cuadrados ubicado en el 1000 S. Main St. al Condado de Monterey como su inquilino principal (actualmente el único). El Departamento de Servicios Sociales del Condado ópera desde el edificio de la Life Foundation (también conocido como el Quadrangle) con oficinas administrativas y de atención al público, donde se atiende a decenas de miles de personas que solicitan beneficios como Medi-Cal, CalFresh, CalWorks, o que buscan asistencia de los servicios de protección de adultos o de bienestar infantil.
El contrato de arrendamiento más reciente del Condado incluía una opción de compra del edificio en 2026, pero la relación entre el inquilino y el propietario se deterioró en los últimos años. Davis y el Condado se demandaron mutuamente en 2024.
Los hallazgos a lo largo del camino —incluyendo que la Life Foundation tenía fondos limitados en el banco para hacer las reparaciones necesarias en el edificio— llevaron a la corte a nombrar a Brent Waldman como administrador judicial para gestionar las transacciones de la fundación. Se le ordenó a Davis devolver $156,000 y se le declaró en desacato al tribunal.
Apenas en abril, el litigio seguía con toda su fuerza. Los abogados de la Life Foundation presentaron una moción para trasladar el caso de la Corte Superior del Condado de Monterey a la de Santa Clara, bajo el argumento de que no recibirían un juicio justo contra una entidad gubernamental aquí en el Condado de Monterey (dicha moción fue denegada).
Mientras tanto, el Condado procedía con su intención de adquirir el inmueble. El 19 de mayo, la Junta de Supervisores autorizó la compra del edificio por $7 millones. Estaba previsto que Rivamonte tomara una decisión sobre los siguientes pasos en una audiencia el jueves 18 de junio.
Para cuando llegó la fecha de la audiencia, las partes habían alcanzado un acuerdo de conciliación: el Condado compraría el edificio a la fundación y ninguna de las partes intentaría cobrar los honorarios de los abogados de la otra.
El acuerdo de conciliación está a la espera de actualizaciones por parte de la compañía de títulos y el banco, con la esperanza de cerrar el depósito en garantía (escrow) tan pronto como el 26 de junio, informó Waldman. Una audiencia para desestimar el caso con base en el acuerdo está programada para el 8 de septiembre.
Con la adquisición resuelta, esto significó que el 18 de junio Rivamonte no tuvo que deliberar sobre el fondo del caso respecto a la transferencia de propiedad, sino sobre los cargos de desacato contra Davis, quien no se había presentado en la corte para testificar en su propia defensa durante un procedimiento de desacato anterior.
El abogado de Davis, Alexander Gorman, argumentó que Rivamonte debería anular los cargos de desacato y no imponer una multa a su cliente, basándose principalmente en que la falta de conducta —retirar fondos de cuentas bancarias sin pasar por el administrador judicial nombrado por la corte, en violación de las órdenes judiciales— había ocurrido fuera de la sala del tribunal y no dentro de ella.
“No estamos pidiendo un favor”, dijo Gorman. “Estamos pidiendo a la corte que aplique la ley tal como es… los derechos constitucionales de mi cliente están en juego aquí, y esto sí tiene consecuencias para él”.
Rivamonte no pareció conmoverse por el argumento legal, pero ofreció extensos comentarios sobre su motivación para ver el caso finalmente resuelto.
“Mis órdenes tienen dientes y muerdo si es necesario”, expresó Rivamonte, con el fin de enviar un mensaje también a otros litigantes.
“He sufrido mucho por esta moción, he pasado noches sin dormir pensando en lo que es correcto. Creo que tengo la razón, procesalmente. Sin embargo, dadas todas las circunstancias aquí, estoy ejerciendo mi discreción con mucha cautela. Voy a anular los cargos de desacato”.
Rivamonte añadió que su motivación era ayudar a las partes a avanzar de la manera más eficiente posible hacia la venta y la finalización del acuerdo de conciliación. "No quiero poner en riesgo los esfuerzos de las partes aquí", señaló. "La forma más limpia de salir de este embrollo es ceder".
Waldman, el administrador judicial que supervisa el cierre, respondió: "Espero que haya un buen comportamiento hasta que esto termine por completo. Esto ha sido muy difícil".
Los funcionarios del Condado tienen la intención de mantener a Waldman para completar el proyecto más allá de los tribunales, y sus facturas recientes incluyen no solo la preparación y presentación de documentos legales, sino también la coordinación con contratistas para realizar los trabajos necesarios en el edificio.