LAS AMENAZAS EXISTENCIALES para la atención médica causadas por la Resolución de la Cámara 1 (H.R. 1), también conocida como la “One Big Beautiful Bill”, combinadas con los recortes a Medi-Cal en las negociaciones del presupuesto de California del año pasado, ya son una realidad. Una pequeña ola de cambios durante el último año ya ha causado estragos, pero el 1 de enero se espera que caiga un golpe mayor cuando 35,000 beneficiarios de Medi-Cal del Condado de Monterey considerados con un “estatus migratorio insatisfactorio” (UIS, por sus siglas en inglés) sean transferidos fuera de Medi-Cal a un programa estatal de menor costo.
Dicho programa, el de pago por servicio (fee-for-service), les reembolsa a los proveedores, clínicas y hospitales sustancialmente menos de lo que paga Medi-Cal, lo que le ahorra dinero al estado pero impone una pesada carga financiera a los proveedores de salud.
“Esto tendrá un impacto en los proveedores locales de la red de seguridad en el Condado de Monterey y afectará el acceso a los servicios de salud para estas personas [con estatus UIS]”, declaró Michael Schrader, director ejecutivo de Central California Alliance for Health, ante la Junta de Supervisores del Condado de Monterey el 20 de octubre. La Alliance administra el programa de seguro de Medi-Cal en los condados de Monterey, Santa Cruz, San Benito, Merced y Mariposa. Cerca de 178,000 personas en el Condado de Monterey cuentan con Medi-Cal, lo que representa alrededor del 41 por ciento de la población.
La Alliance verá desvanecerse al 19 por ciento de sus miembros inscritos, lo que provocará el despido del 25 por ciento de su plantilla de 700 trabajadores a principios de 2027, señaló Schrader.
En las clínicas del Condado, la transición de personas con estatus UIS al sistema de pago por servicio comenzará el 1 de julio, con pérdidas estimadas en $12.7 millones durante el primer año y $13.4 millones el año siguiente, indicó la directora del Departamento de Salud, Elsa Jiménez.
El total de los recortes estatales y federales podría significar que 44,000 miembros de la Alliance pierdan Medi-Cal y se queden sin seguro médico para el 31 de diciembre de 2028, lo que representa una disminución del 23 por ciento, explicó Schrader. Casi 11,000 residentes del Condado de Monterey han perdido la cobertura de Medi-Cal desde finales de 2024, una caída del 6 por ciento, cifra menor a la proyectada originalmente, a lo que calificó como una “tendencia positiva”.
Bajo la ley H.R. 1, los hospitales y los centros de salud calificados a nivel federal (FQHC) —el Condado opera 12 de estos centros— enfrentarán reducciones significativas en sus pagos a partir de 2027, siendo los hospitales los que se llevarán el golpe más fuerte. El hospital del Condado, Natividad Medical Center, proyecta perder $12.7 millones anualmente durante un periodo de seis a siete años a partir de 2028, sumando un total de $76.3 millones, según la directora ejecutiva interina de Natividad, Nancy Buscher.
Apenas este mes, todos los reembolsos hospitalarios por atención en salas de emergencia para adultos sin hijos y con estatus UIS se redujeron del 90 por ciento al 50 por ciento, lo que podría costarle a Natividad $3.5 millones cada año.
En total, la transferencia al modelo de pago por servicio y la disminución de afiliados a Medi-Cal podrían costarle al Condado $28.5 millones en un periodo de dos años.
La supervisora del Condado Wendy Root Askew reconoció la “gravedad y seriedad” de la situación, calificando los recortes como “un auténtico desastre al que este condado —y todos los condados, toda California— tiene que hacer frente”.
UN HOSPITAL QUE BRINDA ATENCIÓN A RESIDENTES DEL NORTE DEL CONDADO DE MONTEREY, el Watsonville Community Hospital en el Condado de Santa Cruz, ya se encontraba al borde del cierre antes de que los recortes de la H.R. 1 amenazaran aún más a los hospitales, después de haber dado indicios de recuperación.
En 2022, el hospital se salvó del cierre gracias a la labor de líderes estatales y locales, y durante los dos primeros años posteriores, el panorama parecía favorecerle.
El Distrito de Salud del Valle de Pájaro (PVHCD, por sus siglas en inglés) asumió la propiedad a nivel comunitario, lo que permitió modernizar el equipo médico y lograr mejoras en las evaluaciones independientes de seguridad. En 2024, los votantes aprobaron la Medida N, una emisión de bonos de $116 millones que facilitó que el distrito adquiriera el edificio del hospital y los terrenos.
Sin embargo, en los últimos dos años, “caímos en un bache enorme”, según Tony Núñez, presidente de la mesa directiva del PVHCD. A finales de 2024, el hospital sufrió un ciberataque que posiblemente comprometió información de los pacientes. Posteriormente, en 2025, se aprobó la H.R. 1, junto con recortes al presupuesto estatal, provocando una baja en los reembolsos por paciente que se espera empeore el próximo año.
Como consecuencia, Watsonville Community Hospital perdió $23 millones en 2025 y en la actualidad registra pérdidas de $86,000 al día, encaminándolo a un posible cierre dentro de los próximos seis a 12 meses a menos que “ocurra un cambio radical”, según Núñez.
“No lo digo a la ligera”, declaró ante un grupo de cerca de 100 personas durante una reunión en Watsonville el 22 de octubre. “No sacaría este tema en público solo para alarmar a la gente o causar revuelo. La comunidad, como dueña de este hospital, tiene derecho a saberlo”.
El cierre del hospital de Watsonville traería graves repercusiones en el Condado de Monterey. Es el hospital más cercano para aproximadamente 6,500 residentes del Norte del Condado (North County), quedando a unos 15 minutos menos de distancia en comparación con los centros médicos de Salinas.
El director ejecutivo interino del Watsonville Community Hospital, Tim Moran, indicó que el hospital apenas dispone de unos seis días de efectivo en reserva y arrastra una deuda de alrededor de $13 millones con proveedores, complicando la compra de equipo debido a que los proveedores exigen pagos al contado por adelantado.
Los directivos del hospital contemplan el cierre de las unidades de maternidad (trabajo de parto y alumbramiento) y de cuidados intensivos neonatales (NICU), las cuales generan pérdidas de cerca de $10 millones al año. Esta medida fue descrita por el director Joe Gallagher como un “riesgo inaceptable”, postura que compartieron muchos de los asistentes a la junta.
La mesa directiva tenía previsto solicitar una subvención estatal para hospitales en dificultades financieras el 28 de octubre, fecha posterior a la impresión de esta edición de The Weekly. De igual manera, se programó una votación de la mesa directiva para iniciar el trámite de cierre de los departamentos de maternidad y de cuidados intensivos neonatales.