A solo una semana y media de las elecciones del 3 de noviembre, agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos entregaron en mano una orden a la Registradora de Votantes del Condado de Monterey para que entregara los datos personales de personas no ciudadanas que presuntamente se habían registrado para votar.
La carta de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California del Departamento de Justicia, entregada el viernes 23 de octubre, exigía la información de personas del padrón electoral del Condado de Monterey que consideraban "extranjeras", lo que provocó un enérgico rechazo por parte del Condado de Monterey el 27 de octubre.
"Este es un ataque directo e imprudente contra la integridad de nuestras elecciones locales y un intento descarado de socavar la increíble labor de nuestro dedicado Departamento de Elecciones", manifestaron los líderes del Condado en una declaración conjunta.
La carta de requerimiento, firmada por el fiscal federal Craig Missakian, es solo una de una oleada de cartas enviadas a todos los condados del estado, cada una con exigencias similares junto con un desglose por condado de un total de 20,000 nombres remitidos a la Secretaría de Estado de California por el Departamento de Justicia el 13 de octubre.
En la carta, Missakian exigió que, en un plazo de 48 horas, la Registradora de Votantes coordinara con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para determinar quién era o no ciudadano y enviara su información personal, incluidos números de Seguro Social, solicitudes de registro electoral y copias de sus licencias de conducir.
Missakian también solicitó que la Registradora de Votantes separara las boletas de votación por correo de cualquier persona cuyo estado de ciudadanía no pudiera determinarse, y que no las contara hasta que esto se pudiera verificar.
Missakian advirtió sobre consecuencias penales contra la Registradora de Votantes Gina Martínez si colaboraba en un delito federal.
En una carta de respuesta con fecha del 27 de octubre, la asesora jurídica del Condado, Susan Blitch, calificó las amenazas de consecuencias penales del Departamento de Justicia como una intimidación ilegal hacia los funcionarios electorales y los votantes de California. Blitch también escribió que los 310 nombres carecían de fundamento y provenían de datos no confiables de terceros, y que, en términos legales, el Condado no podía acatar las exigencias de la carta.
De acuerdo con el portavoz del Condado, Nick Pasculli, de los 310 nombres, 142 eran votantes activos que cumplían con la ley, y de ellos, 17 eran votantes primerizos en proceso de verificación antes de que sus votos pudieran contabilizarse.
Los 168 nombres restantes no estaban registrados para votar en el condado, indicó Pasculli.
La Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California del Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
La medida forma parte de una iniciativa más amplia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para recopilar datos de quienes consideran que podrían estar votando de manera ilegal, mientras la administración Trump impulsa una campaña de deportaciones masivas para expulsar del país a inmigrantes indocumentados.
Como parte de los esfuerzos continuos para combatir lo que el Departamento de Justicia considera fraude electoral en California, también anunciaron el 19 de octubre la formulación de cargos contra 28 titulares de residencia permanente (green card) en el estado por registrarse fraudulentamente para votar.
"Nuestro Departamento de Elecciones trabaja bajo los más altos estándares de precisión, transparencia y apego a la ley", afirmó Martínez en un comunicado por escrito. "Con ese fin, continuaremos operando en cumplimiento con las leyes federales y estatales en la administración de esta elección. Estamos plenamente enfocados en llevar a cabo una elección libre, justa y segura, y protegeremos cada uno de los votos legales en el Condado de Monterey".